La prisión permanente y revisable entra en el debate político valenciano

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha presentado ya en Les Corts una iniciativa para que el Consell inste al Gobierno de España a mantener, no derogar, y en su caso reinstaurar, la denominada prisión permanente revisable como la pena máxima del Código Penal español respecto a delitos de extrema gravedad para penados con pronóstico desfavorable (bajo revisión periódica) de reinserción social.

Además, pide, impulsar medidas que profundicen en el cumplimento efectivo de las condenas para hacer frente a la peligrosidad y propone garantizar que los crímenes de máxima gravedad y los pronósticos individualizados desfavorables de reinserción, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, tengan “un reflejo legal en la determinación de las penas” y en los “beneficios penitenciarios”.

Así lo ha explicado hoy la portavoz de Justicia del GPP, María José Ferrer-San Segundo, quien ha explicado que se trata de una propuesta que está recogida en otros ordenamientos de nuestro entorno, en los términos avalados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en que pueda pronunciarse nuestro Tribunal Constitucional, que se admite siempre que, como en el caso español, sea “revisable”.

Ferrer San-Segundo ha explicado que esta pena se introdujo por el Partido Popular en 2015, para graves delitos como “asesinatos especialmente lacerantes, genocidios, delitos de lesa humanidad, terrorismo, magnicidios y crímenes dolosos acumulados a agresiones sexuales, con agravante cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable”. Y lamenta que el PSOE, Podemos, Compromís y grupos nacionalistas como ERC o Bildu, con la abstención activa de Ciudadanos, quieran derogarla “de plano y en caliente”, recordando que son estos grupos, y no el PP, quienes han abierto el debate, “no para hacer propuestas de mejora o remedios complementarios, sino para liquidar el sistema legal vigente.”

"Teniendo en cuenta -ha proseguido la portavoz de Justicia- que estas previsiones legales vienen, por lo demás, alineadas con la demanda social, y no solo -aunque también- de asociaciones de víctimas y familiares,” ha comentado que “resulta incoherente que en un momento en que se reitera que hay que escuchar a la calle, se descalifique en este tema la posición de una buena parte de la sociedad, tachándola de inmadura, vengativa, infundada, o sin capacidad para discernir.” Porque “no se puede hacer oídos sordos a ese dolor y reclamaciones, que vienen también de la sociedad y los ciudadanos, a quienes continuamente se exige escuchar al legislar” - ha enfatizado Ferrer San Segundo, recordando que esta máxima pena “es excepcional, por lo que solo se ha impuesto hasta ahora en un caso: el de un padre que asesinó salvajemente a sus dos hijos menores con una sierra radial”.

Además, el GPP pide en su propuesta el impulso de la mejora de la legislación penal y penitenciaria, profundizando en medidas sobre el cumplimento efectivo de las condenas para hacer frente a la peligrosidad.

Profundizar en los mecanismos de evaluación de riesgos

La Propuesta No de Ley presentada por Ferrer San-Segundo, declara que “es necesario perfeccionar el sistema de manera que, respetando los principios constitucionales del penado, sean justas respecto del daño causado a las víctimas, además de garantes para la seguridad de la sociedad, a fin de evitar reincidencias previsibles lesivas para el bien común jurídicamente protegible.”

Para ello, el PPCV propone una batería de medidas que no se limitan a la cuestión de la pena, como medios técnicos, materiales y humanos para profundizar en los mecanismos de evaluación de riesgos, reportando garantías procesales a los condenadas para protegerlos contra decisiones arbitrarias y dar al tiempo seguridad jurídica a la sociedad; intensificar los cursos y actividades de resocialización, reeducación y reinserción del penado; o perfeccionar los métodos de valoración por el juez en cada caso concreto respecto a los efectos de la excarcelación.

Además, propone mejorar la colaboración de expertos técnicos; formación tendente a la máxima cualificación del profesional especializado, tanto en la reeducación como en cuanto a la evaluación del riesgo, para la realización de informes o dictámenes individualizados favorables o desfavorables sobre reinserción; medios para poder determinar con precisión la desvinculación del penado del entorno ilegal en lo exterior, y su preparación interna para volver a sociedad sin riesgo de daño previsible y, por tanto, evitable; aumentando las dotaciones para todo ello.

La iniciativa del grupo popular en Les Corts, según ha explicado Ferrer San-Segundo, se extiende a más medidas en la mejora del sistema. Así, a la hora de conceder beneficios penitenciarios y excarcelaciones anticipadas, el GPP reclama exigir “la declaración expresa de repudio a las actividades delictivas y a la violencia; la petición expresa de perdón a las víctimas de su delito; un auténtico arrepentimiento; el abandono inequívoco de banda armada en el caso de actos terroristas o yihadistas; o la reparación de responsabilidades civiles derivadas”.

Por todo ello, el GPP propone garantizar que los crímenes de máxima gravedad y los pronósticos individualizados desfavorables de reinserción, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, tengan “un reflejo legal en la determinación de las penas, las clasificaciones al tercer grado de tratamiento penitenciario, los permisos de salidas extraordinarios, ordinarios o de fin de semana, las suspensiones de condena o las excarcelaciones anticipadas a su cumplimiento”, debiendo haber una respuesta legal en los casos, que los hay, en que “tras los tratamientos penitenciarios no hay resocialización, y se aprecia en el condenado un objetivo riesgo real de volver a cometer crímenes particularmente dramáticos, siempre que se trate de medidas revisables”.