Caso Gürtel: Correa “dispara” contra Ricardo Costa
El cerebro de la trama mafiosa Gürtel, Francisco Correa, acusa al número dos del PPCV, de dar las instrucciones en la supuesta financiación ilegal del partido en las campañas electorales.
Segunda jornada de en la Audiencia Nacional en el juicio sobre la presunta financiación ilegal del PP valenciano y la sesión vespertina se ha saldado con titular.
Ha sido durante la declaración del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, quien con su testifical ha puesto en primera línea de juego, al que fuera mano derecha de Francisco Camps y exsecretario general del Partido Popular, Ricardo Costa.
Por vez primera, Correa apuntaba a Costa como el “inductor” del modus operandi que podría haber utilizado la trama corrupta. Según ha declarado, costa les dijo que “había que facturar a empresarios adjudicatarios con la administración autonómica un total de 1.2 millones de euros en actos electorales”
Según su declaración, era Ricardo Costa, quien indicaba a Orange Market, empresa vinculada a la trama Gürtel, los empresarios a los que debían facturar los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 si "querían cobrar".
"Sabía que para cobrar teníamos que facturar a los empresarios que se han sentado aquí", ha dicho en referencia a los nueve acusados que han confesado que sufragaron de forma irregular parte de los actos electorales de los 'populares' valencianos.
Correa ha indicado también que "imagina" que a los industriales también les "obligaron" a pagar a Orange Market si después se querían verse beneficiados. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el PP pagó a Orange Market un total de 3,4 millones de euros en actos electorales y otros eventos entre 2007 y 2008.
En la sesión matinal, nueve de los diez empresarios encausados han reconocido ( previo pacto con la Fiscalía) que sufragaron de forma irregular parte de los actos electorales de los 'populares' valencianos. Sobre estos, se precisa que la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuáles 1,2 millones fueron sufragados por los empresarios.