10.000 euros mensuales ponen en el punto de mira al director Antifraude
Compromís, Podemos y PSOE, consideran un error que se vayan a gastar 10.000 euros en el alquiler de la futura sede de la Oficina Antifraude por decisión de su director.
Unanimidad en el Botànic a la hora de cuestionar abiertamente la última decisión tomada por el Director de la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana.
El hecho que Juan Antoni Llinares haya escogido como sede de la agencia, una oficina que cuesta 10.000 euros al mes, no ha sido precisamente disculpada ni amortiguada por quienes le auspiciaron para conseguir su cargo. Más bien al contrario. Podemos, Compromís y el PSPV-PSOE la consideran, de hecho, un error.
Un gasto que el síndic socialista Manolo Mata considera una “barbaridad” a pesar que este organismo es "independiente" de la administración y “toma las decisiones que considera oportunas” y añade “creo que hay muchos edificios públicos que deberían estar al servicio de la agencia”. Compromís y Podemos reclaman por su parte que la Agencia Antifraude ocupe "un espacio público y no tenga que pagar un alquiler tan alto por su sede".
Al respecto, síndic Fran Ferri ha indicado que tiene constancia de que la actual ubicación de la sede "no era la primera opción" que se barajaba, por lo que espera que este tema se resuelva "lo antes posible" y finalmente la agencia se ubique en un "espacio público" que sea "más asequible para las arcas públicas". Situada en la Calle Navellos 14 de Valencia, el inmueble elegido tiene 670 metros cuadrados y su ubicación justo al lado del la sede del parlamento valenciano, lo cataloga en una de las zonas mas caras de la ciudad.
Desde Podemos, la portavoz adjunta Fabiola Meco ha considerado que hay espacios públicos vacíos que permitirían albergar esta sede: "Nos parece que han dejado poca salida y lamentamos la nula colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia al respecto".
La decisión de Joan Antoni Llinares podría conllevarle no pocos quebraderos dentro del Consell, y máxime en unos días en que se juzgan diversos casos de corrupción política. Precisamente como ha denunciado Llinares, el despilfarro por parte de los gestores públicos puede abonar el terreno de futuras corrupciones.