Bonig propone a Puig "inspectores turisticos" para recaudar al menos 60 millones

Isabel Bonig ha lanzado una llamativa propuesta que viene a dar la vuelta al "impuesto turístico" que defiende Podemos, Compromís y algunos sectores de los socialistas. La puesta en marcha de un servicio de inspección de alojamientos turísticos puede generar, según la propuesta del PP, entre 60 y 100 millones anuales a las arcas de la Generalitat. Una cantidad que supera con creces la que se generaría con la implantación de la tasa turística

Con la creación de esta "policía", que ha generado un interesante debate en Fitur 2018, se pretende acabar con la proliferación de alojamientos irregulares en el sector. El servicio de inspección será privado, como la grúa municipal o la Inspección Técnica de Edificios, según los ejemplos utilizados por la presidenta popular en Madid.

Los inspectores tendrá capacidad para "sancionar a aquellos que no cumplen con sus obligaciones. Así de fácil y sencillo. No podemos gravar a los apartamentos y empresarios que cumplen. Hay que perseguir a los que defraudan”, explica Bonig. El Partido Popular sostiene que, pese a los anuncios de la Generalitat, no se está realizando una política para acabar con la "defraudación".

Arrendamientos turísticos

La dirigente popular se felicitó por la decisión del Gobierno de Rajoy que obliga a informar a los intermediarios de arrendamientos turísticos. “Esta iniciativa permite perfeccionar el registro de viviendas y apartamentos turísticos en la Comunitat. Mientras el Consell olvida presupuestar un solo euro para la lucha contra el intrusismo, añade Bonig, el Gobierno adopta una medida contundente para combatirlo con los cambios en la Ley General Tributaria. Ahora las plataformas digitales quedan obligadas por ley a informar tanto de los datos de los propietarios de los pisos o apartamentos como de quienes los gestionan”. Una medida que incrementará, resalta la sindica del PP en Les Corts, los ingresos turísticos".

El principal partido de la oposición emplaza al Consell a que arbitre un mecanismo para que un tanto por ciento de esa importante cuantía que se obtendrá como consecuencia de las nuevas bolsas de apartamentos o viviendas turísticas sea destinado por Hacienda a Turismo. “En estos momentos hay 55.175 viviendas turísticas regladas en la Comunitat. Se estima que hay otras 50.000 que no cotizan. Eso produce un perjuicio brutal y genera un debate sobre los ingresos. Con la inspección y regularización se lanza un mensaje para que haya más altas y que se ingresen más de 70 millones de euros con el pago del IVA y del IRPF. Así desaparecería el debate de la tasa y el sector trabajaría perfectamente sin estar siempre con esa espada de Damocles”.

Bonig ofreció al presidente Puig otra propuesta, aunque no genuina: la puesta en marcha de un plan de FP dual centrado en el turismo “ante el auge del sector y la necesidad de cualificación en la mano de obra".

Este plan de formación académica estaría consensuado con las empresas turísticas para atender directamente la demanda laboral. "Necesitamos gente preparada capaz de dar respuesta a esa demanda de profesionalización. Puig lo anunció pero no ha hecho nada”.

Plan de renovación de infraestructuras

Bonig, además, ha pedido a Puig establecer un Plan de renovación de infraestructuras turísticas en colaboración público-privada con incentivos fiscales a empresas que lo lleven a cabo para renovar la planta hotelera, obsoleta en muchos casos, plazas, zonas públicas y paseos marítimos. Es necesario un plan de infraestructuras para hacer atractivo nuestro sector”. A modo de conclusión, Bonig ha indicado que “son soluciones que no requieren mucho dinero pero son efectivas y repercutirían en el sector. Lo fácil es imponer un impuesto a quien cumple con sus obligaciones. Hay que encontrar instrumentos legales para que quien incumple la ley la cumpla y esta propuesta de reforzar la inspección externalizándola lo permitiría”.