Fin del "gratis total " para todos en la sanidad

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la sentencia del Tribunal Constitucional que anula en la práctica, el Decreto Ley 3/2015 de la Generalitat Valenciana, que pretendía regular la atención sanitaria a ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Esta norma, que fue una de las primeras que puso en marcha el Gobierno de Ximo Puig ni es constitucional, ni se ajusta a derecho. Una resolución jurídicamente no discutible, ya que el TC falló totalmente a favor del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra este decreto al considerar, que entra en contradicción con la normativa básica estatal y que lleva a efecto una "ampliación de la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones no contemplado por la normativa”.

Cabe resaltar que a pesar del dictamen, la resolución contó con el voto particular de cinco magistrados que discrepaban de la fundamentación y del fallo de la sentencia.

En ésta, el pleno del TC señala que el Decreto Ley 3/2015, por el que se extiende el acceso a las prestaciones sanitarias a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España y con residencia efectiva en la Comunidad Valenciana, que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, lleva a cabo una ampliación de la cobertura sanitaria "en el ámbito subjetivo de las prestaciones, no contemplado por la normativa estatal".

En ese sentido, la norma estatal incluye entre los sujetos con la condición de asegurados a los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español "pero no a los que no están registrados ni autorizados como residentes en España".

Fin del “gratis total”

Por ello, al no atender el decreto valenciano al criterio de lo básico establecido en la norma estatal, el TC lo declara inconstitucional y nulo, por vulnerar el artículo 149.1.16 de la Constitución, que recoge la competencia exclusiva de bases y coordinación general de la sanidad atribuida al Estado.

Según el alto tribunal, la norma valenciana vulneraba la competencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo de permitir acceder a las prestaciones del sistema a los extranjeros no registrados y sin residencia en circunstancias concretas, pero no de forma generalizada.

El abogado de Les Corts Valencianes alegó en su defensa que el derecho a la salud "corresponde a todas las personas con independencia de que se trate de nacionales o extranjeros", y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig ya avanzó tras conocer la sentencia que ya estaban estudiando cómo "blindar" esta asistencia a través de otros instrumentos jurídicos.

La "persecución" de Montón pone a los trabajadores de Ribera Salud, en la "picota"

Por otra parte, entre los frentes que tiene abiertos la Consellera Carmen Montón y que no son pocos, destaca el proceso de reversión que sigue adelante ( con la autorización de Ximo Puig) en Alzira.

Según denuncian desde la asociación "Sanitat Sols Una", mediante este proceso de ruptura de la Generalitat con el modelo público/privado de la sanidad y que curiosamente, no se da en otros sectores como infraestructuras o educación, los tribunales van a marcar claramente las decisiones de carácter político.

Para la asociación que engloba a la mayoría de los trabajadores del Hospital de Alzira que gestiona la empresa Ribera Salud, la tan cacareada reversión va a suponer en primera instancia, "que quien no se vaya a la calle, va a ver rebajado su sueldo, significativamente".