El número 2 de Gürtel declara contra Costa, apunta a Camps, y menciona a Fabra

El responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', ha afirmado que el expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps era la persona que dio la orden al exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, de que la trama Gürtel facturase los actos de campaña de 2007 y 2008 del PP valenciano a otros empresarios.

Según ha explicado durante su declaración en el juicio por la presunta financiación del PPCV, en la reunión que se mantuvo con Costa para concretar cómo cobrar los servicios prestados por Orange Market a los 'populares' valencianos, Pérez ha dicho que existe una "importante" cuestión.

"Cuando yo le digo a Ricardo Costa que es una barbaridad hacer esto, ante la presión que ejerzo Ricardo llamó a la persona que consultaba siempre todo y le dijo que había problemas importantes y esa persona que le dice eso es Francisco Camps".

El número 2 de Gürtel declara contra Costa, apunta a Camps, y menciona a Fabra

Pablo Crespo, ha revelado este viernes que el PPCV les expuso que la única forma de pagarles los servicios prestados durante las campañas electorales era girando las facturas a los empresarios investigados, y que aceptaron para evitar la quiebra.

A preguntas de la fiscal Myriam Segura durante la vista oral que acoge la Audiencia Nacional, Crespo ha explicado que esta proposición la hizo Ricardo Costa, exsecretario general del PPCV, en una reunión mantenida en su despacho en la que estuvo presente el también investigado Álvaro Pérez 'el Bigotes', responsable de Orange Market.

El empresario ha explicado que Costa les confesó que no había dinero para saldar la deuda y que "la única solución" era facturar "a determinados empresarios" para cobrar. Estos últimos, tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, ratificaron en la primera sesión de juicio que financiaron de forma irregular al Partido Popular Valenciano presidido en esos momentos por Francisco Camps.

La respuesta de Crespo fue que no les gustaba la proposición, pero le respondieron que no había otra alternativa. "Era hacerlo así o no cobrar", ha explicado el investigado a preguntas del magistrado José María Vázquez Honrubia.

"Cuando supe de esta reunión llamé a (Francisco) Correa para explicarle exactamente lo que había sucedido y aceptamos hacerlo así porque sino tendríamos que haber hecho un concurso de acreedores y el cierre de la compañía porque en ese momento teníamos deuda vencida en los proveedores y teníamos que pagar a los empleados. No era una cuestión solo de beneficio", ha explicado Crespo.

Crespo es el segundo de los investigados que señala a Costa como la persona del PP valenciano desde la cual saldría la orden de pagar en 'b' a las empresas de la trama. En su declaración del pasado martes, Correa explicó que fue éste quien indicó a una de las empresas de la trama, Orange Market, los empresarios a los que debían facturar los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 si "querían cobrar".

Crespo apunta a Francisco Camps

Pero además Crespo ha afirmado que Orange Market hizo gestiones incluso con el propio Camps: “soy consciente del sufrimiento del señor Pérez para cobrar en el último trimestre de 2008. Me decía que hacía gestiones con todos ellos, Rambla, Costa y Serra y con el entonces presidente, el señor Camps, no sé si de manera directa o indirecta. Hacía de todo para cobrar”, ha declarado.

Según Crespo era “El Bigotes” el que se encargaba de los contactos con el PP valenciano: “era Álvaro Pérez quien tenía relación con Camps, Costa, Vicente Rambla, Adela Pedrosa”. Pedrosa fue alcaldesa de Elda y actualmente es senadora.

La valla de Alberto Fabra

Crespo también ha afirmado este viernes que uno de los empresarios que ha reconocido haber sufragado los actos de campaña del PPCV en 2007 y 2008 pagó las vallas publicitarias en las que se promocionaba a Alberto Fabra como candidato a la Alcaldía de Castellón.

Así lo ha manifestado Crespo a preguntas de la fiscal Myriam Sabadell, en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP liderado por Francisco Camps, cuando le ha mostrado facturas relacionadas con los actos que Orange Market realizó para los 'populares' valencianos.

En ese momento, Crespo ha interrumpido a la representante del ministerio público para hacer una precisión sobre una de las facturas de la empresa Piaf. Según ha dicho, hubo una problema con una factura correspondiente a unas vallas publicitarias en las que aparecía Fabra como candidato a la alcaldía de Castellón.

El número dos de la Gürtel ha precisado que fue el PP de Castellón quien remitió a Orange Market al partido regional para poder cobrar este servicio. No obstante, los 'populares' valencianos se negaron a hacerlo y ha apuntado que finalmente se facturó a Piaf.

Pacto fallido con Fiscalía

El exsecretario de Organización del PP de Galicia y 'número dos' de la Gürtel, Pablo Crespo, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes' están declarando este viernes ante el juez "datos relevantes" sobre la financiación ilegal del PP valenciano liderado por Francisco Camps buscando una rebaja de su pena.

Fuentes jurídicas han informado a Europa Press que las defensas de estos dos responsables de la trama Gürtel se reunieron este jueves con la Fiscalía Anticorrupción para tratar este cambio de estrategia. No obstante, el encuentro ha concluido sin ningún pacto, ya que el Ministerio Público prefiere esperar a escuchar sus declaraciones antes de decidir si disminuyen los años de prisión que piden para ellos, han precisado las mismas fuentes.

Los fiscales del caso Myriam Segura y Carlos Alba solicitan 22 años de prisión para Crespo y 27 para 'El Bigotes' por tres delitos electorales, otro de falsedad documental y varios contra la Hacienda Pública.

Mónica Oltra pide cautela a Podemos

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha instado este viernes a esperar a la sentencia del caso Gürtel sobre la presunta financiación ilegal del PPCV y ver si condena a las empresas cuyos responsables reconocieron los pagos en 'b', en cuyo caso "tendrán que estar miradas con lupa", pero lo que no se puede hacer si no se establece una limitación legal es limitar desde la administración "algo que no ha limitado la legalidad", porque sería "ir en contra de la ley".

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada sobre si existe voluntad de atender la petición de Podemos de realizar una inspección para ver si existen contratos públicos con empresas vinculadas a la corrupción.

"Estamos abiertos a cualquier petición que cualquier grupo haga", ha indicado, pero ha pedido dejar trabajar a la justicia y esperar a ver el resultado del procedimiento. "Tiene que haber una sentencia primero", ha dicho, y analizar sus términos y si establece limitaciones a las empresas o se deriva para ellas algún tipo de responsabilidad penal. "Hay que ir paso a paso", ha incidido, considerando en todo caso que "es de esperar" que tras la confesión la sentencia sea condenatoria.