El Consell no toca techo en vivienda

Artículo 47 de la Constitución Española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Aunque criticada y advertida de revisión, nuestra cuarentona Constitución sigue vigente y es de obligatorio cumplimiento para ciudadanos de a pie y para dirigentes de administraciones públicas.

Último fin de semana de enero de 2018. Seminario de Benicarló. El Consell anuncia la cesión de suelo público para la creación de viviendas. Lo hace más de un año después de que el precio del alquiler haya empezado a dispararse en las grandes capitales. Con un simple anuncio de medida que tiene todavía que desarrollarse. Como noticia, significa que el gobierno valenciano comienza a percatarse de la magnitud del problema de la carencia de vivienda accesible. Ahora falta que lo afronte con las actuaciones y recursos que requiere y que empiece a solucionarlo. Demasiado camino por andar todavía.

En Valencia ciudad, según explica el portal Enalquiler, el coste promedio de vivienda asciende ya a 946 euros mensuales, 52 más que solamente seis meses antes. En Alicante, según la misma fuente, se sitúa en 900 euros, mientras que en Castellón ha aumentado hasta 572. Ese dinero han de afrontarlo los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, cuyo sueldo medio se queda en 1.736 euros brutos mensuales, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 18 euros menos que en 2014. Aunque la consultora Adecco lo reduce a menos de 1.500.

En Valencia, el coste promedio de vivienda asciende ya a 946 euros mensuales, 52 más que solamente seis meses antes

Esa estadística excluye a las personas que se han quedado sin prestaciones (casi el 60% del total) de desempleo de entre las 394.000 que los datos de los Servicios Públicos de Empleo Estatal registraron como paradas al cierre del pasado mes de enero. También a gran parte de ese 24,4 por ciento de valencianos que la Encuesta de Condiciones de Vida del propio INE sitúa en riesgo de pobreza. Cáritas, por su parte, precisa más al considerar que seis de cada diez parados de la Comunidad Valenciana son pobres y que cuatro de cada diez personas con contrato temporal (un 10% más en 2017 respecto a 2016), también.

Esta macedonia de datos puede resumirse en que el precio de la vivienda, sobre todo de alquiler, se ha disparado, mientras que una gran parte de la población no tiene trabajo o cuenta con uno que ni de lejos le permite adquirir un piso o arrendarlo. El problema se ha agudizado en el último año con la proliferación de alquiler vacacional (un sector desbocado sobre el que constantemente avisan Generalitat y ayuntamientos de una regulación que, de momento y en la práctica, se queda más en una tímida declaraciones de intenciones).

Esas viviendas que antes se alquilaban a particulares por meses o años ahora se destinan a turistas que las pagan por días, un negocio más lucrativo. Al mismo tiempo, la bonanza meteorológica de la Comunidad Valenciana y la promoción turística desarrollada en la última década han convertido a la ciudad en destino cada vez más recurrente para visitar y para vivir, lo cual provoca un incremento de la demanda de compra y alquiler.

Y como tercer factor para disparar los precios del arrendamiento, la dificultad para encontrar trabajo de los jóvenes y el empobrecimiento de muchas familias convierte en prácticamente imposible que puedan adquirir una vivienda. Tampoco acceder a préstamos bancarios constituye tarea sencilla. Y bastantes ciudadanos han perdido sus ahorros sobreviviendo ante la languidez del desempleo de los últimos años. Por tanto, la única solución que les resta es alquilar. Aunque al precio actual para muchas de esas familias supone una quimera hacerlo donde les gustaría. O simplemente hacerlo.

En este panorama larvado desde hace un par de años, donde resulta complicado arrendar un piso a un precio accesible en las principales ciudades, el Consell anuncia una línea de ayudas para alquiler a 6.800 personas. No obstante, esa aportación, que se basa en un máximo de 2.400 euros, no cubre de lejos ni la necesidad de ayuda existente por parte de ciudadanos de la Comunidad ni tampoco permite, para muchos perceptores, hacer frente al alquiler con esa aportación adicional. Esos 6.800 ´afortunados´ pertenecen a los colectivos de acción preferente, como menores de 30 años o familias monoparentales o numerosas. En cualquier caso, ni con ese añadido muchos llegan a sufragar el precio que les pide el arrendador.

Somos más pobres y el precio de la vivienda ha subido. Apenas existen alquileres disponibles en numerosas barriadas, y los que hay tienen un precio prohibitivo para gran parte de la población. No obstante, este problema que afecta a decenas de miles de familias no forma parte prioritaria de la agenda política ni del debate en Les Corts.

A pesar de existir una conselleria de Vivienda y Transporte, si la consellera María José Salvador no pareció sofocarse por la interminable huelga de FGV que durante cuatro meses ha azotado a los ciudadanos, tampoco se le nota alterada por la impotencia de muchas familias que no tienen dinero para pagar un alquiler.

La directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración, Rebeca Torró, multiatareada con ese cargo y la primera tenencia de alcaldía en Ontinyent, tampoco se prodiga en anuncios de medidas para favorecer el acceso a la vivienda. Ante un problema de esta magnitud, no basta con anticipar planes locales que impulsarán la construcción protegida en municipios como Torrent o Villena.

Los anuncios de medidas no aportan un hogar a una familia. Si de rescatar personas se trata, prioridad que reitera el Consell, una de las actuaciones básicas consiste en incentivar el acceso a vivienda. Bueno, más bien una obligación, como recalca ese artículo 47 de la Constitución. Y el exasperante retraso en los pagos de subvenciones de rehabilitación lo dejamos ya para otro artículo.