Ajuste de "cuentas" entre Catalá (PP) y Mollá (Compromís) en Les Corts

La cámara autonómica analizaba el miércoles una proposición para mantener la prisión permanente revisable. El debate se fue enredando y derivó en bronca entre el Partido Popular y Ciudadanos, efectos colaterales de las encuestas pese a que las elecciones están a quince meses vista.

Al día siguiente, la sesión 69 de esta legislatura fue otra muestra de la tensión en el parlamento valenciano. Un ejercicio más de vuelta al pasado. Compromís logró que se aprobara una peculiar iniciativa como es pedir al Ministerio Fiscal que reclame los 1,2 millones de euros que el PP recibió para las elecciones autonómicas de 2007. La propuesta tuvo efecto de boomerán. La diputada popular María José Catalá denuncia que Compromís tiene pendiente de justificar 1,6 millones de ayudas públicas.

La nacionalista Mireia Mollà apeló a la declaración del ex número dos del PPCV Ricardo Costa en el juicio del caso Correa sobre la financiación del partido con dinero negro para avalar el acuerdo que contó con el voto favorable de socialistas y Podemos. "Nadie en su sano juicio está cuestionando que el Partido Popular se financió ilegalmente", dijo Mollá, para concluir: "Quien la haga la pague".

La respuesta de Catalá fue contundente: " Las cuentas que se niega a aprobar el Tribunal de Cuentas son las de Compromís". "No sé cómo meten la patita en este tipo de cosas, primero justifiquen la contabilidad de su partido, 1,6 millones de euros". La popular recomienda a Compromís que "mire sus propias miserias y revise sus propias cuentas antes de hablar de los demás" ya que el Tribunal de Cuenta no haya admitido los apuntes aportados por la coalición de 2007 a 2015.

En las filas del PP se mantiene que la decisión de las Cortes es "tremendamente delicada desde el punto de vista jurídico" porque traslada a la sociedad que los diputados de esta Cámara se saltan la división de poderes.