Consum y Cleo's, episodios de la nueva batalla por la lengua

El problema del etiquetado en la cooperativa es el de la rotulación en la cafetería. No se obliga, pero se presiona intensamente. Algunos, contra las encuestas, olvidan que la Comunidad Valenciana no es Cataluña.

Si la Comunidad Valenciana tiene una “hipoteca reputacional”, ni les cuento Cataluña. El procés ha hecho mucho mal. No sólo a los catalanes.

Durante las navidades hemos visto cómo los cavas de Sant Sadurní bajaban en ventas en España, y cómo las distribuidoras de “cestas” seleccionaban sus productos a petición de los adquirientes. Tanto es así que alguien ideó una campaña entre preventiva y paliativa poniendo el acento en que lo que se hace en Cataluña se confecciona con materias primas de otras comunidades, que resultarían perjudicadas con cualquier tipo de boicot.

Es igual. Ahora hay más gente que antes que mira la procedencia del producto antes de adquirirlo. En ese contexto el problema añadido es que la rotulación en valenciano en los envases, por ejemplo en productos de marca blanca de Consum, puede ser interpretada como procedencia catalana en cualquier otra parte de España. Quizá por eso -ellos esgrimen otras causas- la cooperativa valenciana ha tomado la decisión de etiquetar sólo en castellano, aun consciente de que alguna polvareda se formaría. Como así ha sido.

En la Comunidad Valenciana, mucho más tolerante hasta ahora que Cataluña en materia lingüística, el cambio de política de Consum no debiera suponer ningún problema a la luz del Baròmetre 2017 de la Generalitat, según el cual sólo el 1,6% de los valencianos se siente sólo valenciano y sólo el 3,8% más valenciano que español porque la lengua sólo es un problema (y en diversos grados) para el 1,9% de los valencianos.

Con esos y otros datos en la mano cabría preguntarse qué hacen Joan Sanchis, asesor del secretario autonómico de Empleo Enric Nomdedéu, y otros dirigentes de Compromís criticando y presionando a una empresa que da trabajo a miles de valencianos a la vez que otros inician una campaña para erosionarla llegando incluso al llamamiento al boicot.

O Ferran Puchades, número 2 de Justicia, pidiendo un "sello de calidad lingüística" para diferenciar a las empresas language-friendly de las demás.

O Acció Cultural del País Valencià, emplazando a Consum a "reconsiderar" su decisión "ahora que todavía están a tiempo".

Algunos medios de fuera son muy exagerados en estas cosas, pero es cierto que se observa una deriva preocupante hacia el recorte de libertades lingüísticas en nuestra Comunidad.

Otro ejemplo de presión es lo que le ha pasado a la cafetería de Burjassot a la que la concejal de Compromís antes de señalarla en Twitter por no atenderle en valenciano había “sugerido” un cambio de rotulación que la empresa no adoptó, como la propia edil reconoció posteriormente en diarilaveu.com.