Abren juicio oral a Rafael Blasco por el hospital de Haití

El juzgado de Instrucción número 21 de València ha abierto juicio oral el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco y otras 23 personas más acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo.

La decisión, en un auto con fecha 21 de febrero facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se produce después de que a finales de enero la sección segunda de la Audiencia confirmara el procesamiento de los acusados con la incorporación a la causa de tres personas más, entre ellas, Fernando Darder, presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras.

Se trata de dos piezas del conocido como caso Cooperación --2 y 3-- sobre las que el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia dio por concluida la instrucción hace aproximadamente seis meses por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad. documental.

El juicio oral se abre contra Blasco --actualmente condenado por un fraude de ayudas al Tercer Mundo en la primera de las piezas del caso--; su excúpula en la Conselleria (la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip y el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares) y los empresarios Augusto César (igualmente condenado en el primer juicio) y Arturo Tauroni.

Asimismo, se incluyen trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

En el caso del exconseller se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita o alternativamente organización criminal. En la resolución, el juzgado ratifica medidas ya adoptadas para asegurar las responsabilidad pecuniarias que puedan imponerse, y que en Blasco se fijan en 8,2 millones de euros.

Hasta ocho millones se establecen para Augusto César Tauroni y para Llinares --para el resto de ex altos cargos son menores-- y de 3,6 millones al propio Darder. Asimismo, el juzgado mantiene las cautelares personales ya adoptadas de obligación de comparecer en los juzgados semanalmente y cuando sean llamados, junto con la prohibición de salir de España, medida esta última que pide asegurar con la retención del pasaporte de nueve de los procesados.

En el auto de procesamiento del pasado mes de junio, la magistrada instructora, Nieves Molina, concluía que es "evidente" el concierto entre el exconseller Blasco, su exjefe de área y el empresario César Augusto Tauroni, quienes ejercían como "directores o jefes" del "grupo criminal" para poder "organizar el entramado necesario al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos".

El hermano de Tauroni, dos trabajadores de la Fundación Entre pueblos, dirigida por el empresario y el administrador de las evaluadora externa, que puntuaba los proyectos que presentaba la Fundación a los concursos para la obtención de subvenciones, ejercían como "miembros activos" de la trama.

En el auto, la magistrada explicaba que Tauroni, desde su puesto de director de "facto" de la Fundación Entre Pueblos, "era quien emitía órdenes dirigidas tanto a su hermano Arturo, como a su trabajadora de confianza Maribel Castillo, o a quien figuraba como presidente de la Fundación, Alfonso Navarro".

La jueza añadía que "prueba de lo anterior son los abundantes correos electrónicos que se cruzan entre ellos, en los que se refleja la subordinación de estos a las órdenes y decisiones de aquel, quien era consultado ante la toma de decisiones relevantes".

Asimismo, señalaba que Tauroni estaba en contacto permanente con el jefe de Área en la Conselleria, "pieza fundamental en la organización dentro de la Administración, quien se encargaba de facilitar al anterior toda la documentación e información de interés para poder concurrir a las convocatorias públicas, y quien a su vez, daba normas y directrices al evaluador externo, cuya participación era necesaria para poder obtener el beneficio económico buscado con su actividad ilícita".

Por esta pieza, la Fiscalía Anticorrupción solicita 16 años de cárcel para Blasco y solicita como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat. No obstante, la pena más elevada que solicita el fiscal es para Augusto César Tauroni, para quien reclama 21 años y medio de cárcel. También pide que se le fije una multa de 3.136.800 euros y el decomiso de sus dos apartamentos de Miami y un yate, además del dinero de las cuentas de EEUU de diferentes sociedad por un delito de blanqueo de capitales.

Estas dos piezas se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONGs en los años 2009, 2010 y 2011,y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.

Tanto la investigación por las subvenciones a las ONG, como la pieza por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 una vez que el exconseller dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal.

Sigue abierta la investigación de al menos otra pieza del caso, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, por parte de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.