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Un juzgado investiga al número dos de la Conselleria de Educación

El número dos de la Conselleria de Educación está siendo investigado por un juzgado de Valencia. Un caso que puede afectar también al actual adjunto al síndic de Greuges.

Puig, Soler y Nomdedéu

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El juzgado de instrucción número 11 de Valencia ha decidido investigar al actual Secretario autonómico de Educación e Investigación, el dirigente socialista Miguel Soler, a raíz de una denuncia en la que se asegura que podría haber cometido un delito por cobrar la pasada legislatura un sueldo público de Les Corts Valencianes sin haber ido a trabajar.

El actual número dos de la conselleria de Vicent Marzá fue contratado como personal eventual por el parlamento valenciano el junio de 2012 (con un sueldo del grupo B, nivel 24 y complemento CV-17 a razón de unos 35.000 euros anuales) como secretario del vicepresidente segundo de la Cámara, el socialista Ángel Luna, actualmente adjunto al Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo valenciano).

Un año después, según un profuso y brillante trabajo periodístico que en su día elaboró Héctor Esteban, Soler sólo acudió cuatro días ya que, en realidad desempeñaba funciones de asesor del PSPV-PSOE. La ley del estatuto de Personal de Les Corts, aprobada en 2010, establece que el cargo de eventual es personal activo de Les Corts. Por lo tanto, Soler podría haber incurrido en incompatibilidad.

Por de pronto, el juzgado, según ha podido saber ESdiarioCV, ha pedido a Ángel Luna, el jefe directo de Soler en 2102, diversa documentación y se interesa sobre quién era el responsable del contrato. Y lo que es todavía más importante, el juez reclama un informe jurídico al letrado mayor de Les Corts en el que lógicamente debe hacer constar La Ley del Estatuto del Personal de Les Corts y el sistema de incompatibilidades. En el artículo 43, apartado f, se deja constancia que el personal de la Cámara no está autorizado al "asesoramiento a partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales o cualquier otro grupo o asociación sobre asuntos que tengan relación directa con las funciones desarrolladas por Les Corts Valencianes".

Una decena de artículos en prensa llevaron a Soler a publicar en su perfil de Facebook un profuso escrito que ahora, más que una defensa, puede ser su condena. El actual Secretario Autonómico de Educación e Investigación mantenía que él trabajaba, algo que no se puso en duda. La cuestión era que desarrollaba un labor fuera del ámbito de su contrato y, por lo tanto, no aparecía por el parlamento valenciano

La explicación de Soler, que puede ser determinante para el juez que ahora le investiga, fue la siguiente: "Ximo Puig, tras ser elegido Secretario General del PSPV, me propuso que me hiciera cargo de una Vicesecretaría General, llevando Educación, Empleo e Integración Social… Para poder desarrollar ese trabajo era imprescindible que abandonara mi puesto en la Conselleria de Educación…. Por ese motivo me incorporé como asesor del grupo parlamentario socialista, para colaborar con la dirección del grupo en las tareas que me fueran encomendadas…”. Por lo tanto, Soler admite que realizaba una labor que la ley le prohibía en su contrato de eventual de Les Corts.

Es cierto, por otra parte, que Soler cobraba en Les Corts una retribución menor que la que percibía como funcionario, en concreto es profesor de instituto. Y a tenor por sus alumnos, un brillante maestro de matemáticas. También es cierto que diariamente acudía a Blaquerías, la sede en Valencia del PSPV. La cuestión es que ahí no estaba el puesto de trabajo por el que cobraba, según la denuncia de la oposición.

Chirac y la malversación de fondos públicos

El caso Soler tiene tiene un paralelismo con el que llevó a Jacques Chirac a ser el primer jefe de Estado francés condenado por un tribunal ordinario por desvío de fondos públicos. En octubre de 2011 se hacía pública una sentencia contra el ex presidente galo de dos años de cárcel por malversación de fondos públicos y abuso de confianza cometida durante la larga etapa en que fue alcalde de París (1977-1995). Chirac contrató con dinero municipal al menos 19 empleados fantasma ya que en realidad no trabajaban para el ayuntamiento sino para el propio Chirac o para su partido.