Requena regala 58.400€ en contratos a una empresa investigada en el "caso Lezo”

Desde el 30 de abril de 2015, el contrato de gestión del servicio de agua potable y alcantarillado del municipio de Requena se encuentra en situación de prórroga, a pesar de que el Ayuntamiento de la localidad haya celebrado dos plenos municipales (uno de ellos extraordinario, celebrado el pasado 22 de febrero) para desbloquear el asunto.

El gobierno municipal (PSOE) encargó en el año 2015, a través de contratos menores, la redacción de los pliegos del contrato de agua potable a PW Advisory & Capital Services, cuyo dueño está investigado por el "caso Lezo"; una investigación por corrupción que afecta al PP de Madrid y está relacionado con el Canal Isabel II que se encarga de las aguas potables de la capital de España. Se pagaron casi 60.000 euros y ahora, con la Nueva Ley Contratos Sector Público aprobada este mes de marzo, los informes no sirven y hay que redactar un nuevo pliego.

Desde que en 1995, el PSOE privatizara el servicio de agua potable a favor de la empresa EGEVASA por un período de 20 años, muchos han sido los aspectos que han dificultado la concesión actual.

Entre ellos, la aprobación de nuevos precios en el recibo del agua en el año 2004; una addenda al contrato con EGEVASA -en el año 2006- por el que el Ayuntamiento prorrogaba el convenio hasta el 30 de abril de 2035 y recibía 2,6 millones de euros, en concepto de derechos de uso de la red por parte de EGEVASA; una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declaraba nula esa addenda; y los contratos adjudicados a una empresa, contratada por el actual alcalde del Ayuntamiento de Requena –Mario Sánchez (PSOE)-, para redactar los nuevos pliegos del contrato del agua potable.

Un poco de historia

La concesión del actual servicio empieza a complicarse cuando, nueve años después de que el PSOE firmara el convenio con EGEVASA para la gestión y explotación municipal de agua potable y alcantarillado, el Ayuntamiento de Requena, con Adelo Montés de alcalde, en acuerdo plenario de 14 de junio de 2004, decide aprobar nuevos precios en el recibo de agua a cambio de mejoras en la red, a razón de 72.000 € anuales durante 10 años. Ese acuerdo supone para los usuarios un aumento de la tarifa en 1,74 euros trimestrales.

Dos años más tarde, el 12 de junio de 2006, por medio de otro acuerdo plenario, el PSOE de Requena aprueba una addenda al contrato firmado con EGEVASA en 1995, y decide prorrogar el convenio hasta el 30 de abril del año 2035, antes de que llegue a su fin en 2015. Por ello, el Ayuntamiento recibe por parte de EGEVASA, según denuncia el portavoz del Partido Popular de Requena, Javier Berasaluce, 2,6 millones de euros en concepto de derechos de uso de la red para gasto corriente, y 1,9 millones en inversiones de mejora de la red. Esta decisión supone, de nuevo, incluir en el recibo del agua una nueva tasa de dos 2 euros trimestrales que los contribuyentes deberían pagar hasta el año 2035.

Ante las presuntas irregularidades cometidas por el ayuntamiento requenense con la aprobación de la addenda, el Partido Popular de la localidad decide acudir a los tribunales y denunciar dicha prórroga. En 2007, una sentencia declara nula la prórroga del contrato aprobada por el PSOE hasta el año 2035 que, a pesar de ser recurrida por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, éste en sentencia nº 1640 de 2009, ratifica la sentencia anterior y declara nula la addenda al contrato.

En palabras de Berasaluce, “el PSOE aprobó la addenda y prorrogó el contrato por los 4,5 millones de euros directos que le llegaban directos a las arcas, pero no le importó que ese dinero perteneciera a cualquier corporación que estuviera en el Ayuntamiento desde el 2006 hasta el 2035 ni que lo tuvieran que pagar los ciudadanos en el recibo del agua”. “Ellos -apunta Berasaluce- lo cobraron todo a la vez para poder gastárselo, pero ahora los requenenses aún deben a EGEVASA 3 de los 4,5 millones que dicha contratista dio al Ayuntamiento por prorrogar el convenio”.

Contratos a una empresa investigada en el caso “Lezo”

A partir del año 2010, el contrato de concesión de agua potable y alcantarillado del municipio se complica aún más. En el pleno celebrado en mayo de ese año, el PSOE acuerda que no va a devolver el dinero que ha recibido de EGEVASA por aprobar la prórroga del convenio, hasta que no se liquide el contrato en el año 2015. La decisión, según Berasaluce, “no es una casualidad, ya que en 2011 se acercan elecciones municipales y electoralmente no se la quieren jugar devolviendo el dinero antes de los comicios”.

Cuando finalmente se liquida el contrato en 2015, el Partido Popular inicia un expediente administrativo para que el Ayuntamiento de Requena proceda a licitar un nuevo contrato de gestión del servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio de Requena. En esos momentos, el PSOE ha ganado las elecciones y Mario Sánchez gobierna en el consistorio.

La sorpresa para los grupos políticos en la oposición llega cuando se dan cuenta de que quien está redactando los pliegos del nuevo contrato del agua potable del municipio es una empresa (PW Advisory & Capital Services) cuyo dueño, Juan Pablo López, se encuentra investigado (figura jurídica que sustituye a la de imputado) en el denominado 'caso Lezo', una investigación por corrupción que afecta al PP de Madrid y está relacionado con el Canal Isabel II que se encarga de las aguas potables de la capital de España.

Pero es que, además, la contratación de la compañía por parte del equipo de gobierno municipal de Requena se efectuó a través de contratos menores por un valor total de 58.443 euros. El de mayor cuantía, de 20.328 euros, IVA incluido, correspondió al estudio de explotación, saneamiento, abastecimiento, tarifas y elaboración del reglamento técnico. El segundo, de 19.965 euros, correspondió a la redacción de los pliegos de condiciones y a la valoración de las plicas (la misma empresa que ha redactado las condiciones evaluará a las firmas que concurran). Un tercero, de 3.630 euros, sobre el estudio de liquidación del contrato de la actual empresa que presta el servicio. Y un cuarto, de 14.522 euros, de un estudio y redacción del pliego del contratos de basuras, que la compañía cobró pero cuya ejecución no se aprobó en pleno.

A fecha de hoy, la redacción de los pliegos del nuevo contrato y, por tanto, los más de 58.000 euros pagados por el Ayuntamiento de Requena ya no sirven para nada porque el 9 de marzo 2018 entró en vigor la Nueva Ley Contratos Sector Público, que impone novedades en la reducción de los plazos de adjudicación y el aumento de la competencia con mayor participación de las pymes, y obliga a tener que volver a redactar el pliego de condiciones para poder licitar el contrato.

En estos momentos, y tras el último pleno extraordinario que celebró el Ayuntamiento el pasado 22 de febrero, la aprobación y ejecución del expediente de contratación para la concesión del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado del municipio de Requena sigue en el aire. Por todos los motivos expuestos y porque PP (7 concejales), Requena Participa (2 concejales), IU (1 concejal) y la concejal no adscrita Pilar Cervera votaron a favor de dejar el punto sobre la mesa. Sólo PSOE (8 concejales), el PRyA (1 concejal ) y Ciudadanos (1 concejal) votaron en contra.

Para el PP de Requena, “este asunto demuestra la incapacidad para gobernar que tiene el PSOE y su alcalde Mario Sánchez, que una vez más no pueden solucionar los problemas del abastecimiento del agua y alcantarillado de la población, mientras siguen endeudando al Ayuntamiento”.