Varios concejales de Ribó denunciados también por fraccionamiento de contratos
La número dos del PPCV, Eva Ortiz, anunció "sorpresas". Desde esa declaración se ha conocido que varios políticos del Botànic están siendo investigados por la justicia o han sido denunciados
joan Ribó, en 2015 tras presentar una denuncia contra Barberá.
El concejal Pere Fuset no es el único integrante del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia que ha sido denunciado por supuesto fraccionamiento de contratos, según ha podido saber ESdiarioCV de fuentes oficiales. En las próximas semanas los juzgados deberán determinar si abren diligencias o toman la decisión del archivo por motivos similares a varios ediles de Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú. En total una decena de presuntas irregularidades de las que fue informado por procedimiento reglamentario el alcalde Joan Ribó. El director de polémica Agencia Antifraude, creada por Les Corts Valencianes, también tiene conocimiento de las mismas. Por el momento se desconoce si el titular de la Agencia a propuesta de Podemos, Joan Llinares, ha decidido iniciar alguna actuación.
Los grupos de la oposición, Partido Popular y Ciudadanos, vienen denunciado de forma reiterada (la última esta misma semana), que el ejecutivo de izquierdas está "usando y abusando". Un procedimiento que en su día la formaciones de izquierda llevaron a los tribunales al gobierno de Rita Barberá.
El 21 de mayo de 2015, tres días antes de las elecciones municipales y autonómicas en las que el PP perdió la Generalitat y numerosas alcaldías, los candidatos Mónica Oltra y Joan Ribó anunciaron en rueda de prensa que la Fiscalía había abierto diligencias de investigación penal "contra Rita Barberá.
Hace ahora casi tres años Oltra veía del todo "ilegal" el fraccionamiento de contrato, o lo que es lo mismo hacer gastos sin pasar por el procedimiento de adjudicación publica " para poder encargar esos servicios a los amigos y a los que uno quiere sin pasar por los filtros legales", según la palabras. Y por ello, la actual vicepresidenta del Consell y el alcalde, fueron a la Ciudad de la Justicia a denunciar a Barberá en un caso que finalmente quedó archivado por la Fiscalía del Tribunal Supremo catorce meses después de su presentación.
Mónica Oltra ha sido denunciada ahora también por fraccionamiento de contratos y por abusar de la vía del "enriquecimiento injusto", que es pagar por un servicio a determinadas empresas una vez que han concluido el periodo del contrato. La fiscalía ha abierto investigación tras la denuncia de la número dos del PP, Eva Ortiz, que afecta a todo el Gobierno de Ximo Puig.
El alcalde de Valencia podría ahora verse en una situación similar a la de Oltra. Una concejala de su equipo lleva más de un año sin sacar a concurso el mantenimiento de distintas instalaciones municipales. Las empresas beneficiarias están encantadas de que esto sea así ya que podrían perder el contrato en un concurso. La junta de gobierno que preside Ribó aprueba mes tras mes los pagos. Se llevan acumulados una cifra significativa por esta vía. La diferencia entre el caso del Consell y del ayuntamiento es que el presidente y los consellers son aforados lo que no ocurre con los representantes locales.
Ribó como se ha apuntado con anterioridad es consciente de que, si bien la denuncia presentada no va directamente contra él, puede verse salpicado . Pero al margen de la decisión de los tribunales, parece indudablemente que insistir en la vía del enriquecimiento injusto no es una práctica de buena gestión en la prestación de los servicios como tampoco la adjudicación a dedo. Y ahí está uno de los aspectos de fondo superado el ecuador de los gobiernos de maridaje. ¿Qué está pasando en la Administración de Puig? ¿Qué está pasando en la Administración de Ribó que no salen a concurso los contratos? Una fuente del Consell reconocía que existe una llamativa "parálisis". El motivo de dicha burocratización está levantando diversas hipótesis y maliciosos comentarios.