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Cinco comunidades superan a la valenciana en acusados por corrupción en 2017

Según los datos del Poder Judicial, Andalucía, Canarias, Baleares, Cataluña y Castilla León tienen más causas y acusados por estos delitos que la Comunidad Valenciana.

En España se abrió juicio oral o procesó a 411 personas el pasado 2017

En España se abrió juicio oral o procesó a 411 personas el pasado 2017

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Los datos anuales del Consejo General del Poder Judicial sobre corrupción revelan que durante todo el año pasado, la Comunidad Valenciana no es una de las que más casos de corrupción tiene abiertos ante la Justicia ni personas procesadas por este tipo de delitos.

El ránking nacional de causas y acusados por corrupción lo ostenta Andalucía con 144 personas procesadas repartidas en 22 causas, duplicando los números de otras comunidades como Canarias o Cataluña con casos como los ERE y también 'Invercaria' con un gran número de encausados. La Comunidad Valenciana, con 10 procedimientos abiertos y 29 persona acusadas en procedimientos por delitos de corrupción, se sitúa en quinto lugar; en la media de la tabla y por debajo de otras Comunidades Autónomas como Canarias, Castilla León y Baleares.

El Consejo General del Poder Judicial ha tenido en cuenta para este estudio si las personas acusadas de corrupción pública -un delito que inspira los más altos índices de preocupación entre la ciudadanía-, eran funcionarios públicos, gobernantes o políticos, y como dato curioso se revela también que en toda España solo dos Comunidades se libran de tener procedimientos por corrupción abiertos: Navarra y La Rioja.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Según el estudio, los jueces españoles estuvieron ocupados con la corrupción en sus diferentes formas durante 2017. En total, se procesó a 411 personas por este tipo de delito y se concluyeron 97 procedimientos cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado. De esos 97, 20 corresponden al último trimestre de 2017. Además, hubo en total 74 condenas, de las 126 emitidas en primera instancia, que fueron condenatorias.

Por último, del estudio se desprende que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron 126 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 93 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,8 por ciento del total.

Solo en el último trimestre de 2017, se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 97 personas en 20 procedimientos y se notificaron 26 sentencias, de las que 18 fueron condenatorias.

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