Ocho días para la reversión irreversible

Hacía tiempo que la consellera Carmen Montón no lucía una sonrisa tan amplia y mantenida a lo largo de toda una comparecencia pública. Este viernes se resarció con un “decreto que marcará un antes y un después”. Tic, tac, “quedan ocho días”. Ocho largos días de marzo.

Montón, flanqueada por la vicepresidenta Mónica Oltra en la mesa de las ruedas de prensa de la portavoz, anunciaba dos medidas que llamarán a la polémica en los días que quedan hasta que llegue abril (el lunes hay convocatoria a los medios de la actual gerencia), y sobre las que apenas dio detalles.

Una de ellas, que tras el fin de la concesión de la gestión sanitaria del departamento de La Ribera a Ribera Salud, a todos sus actuales empleados se les va a garantizar su actual salario, aunque éste incluya acuerdos particulares, merced a un acuerdo sobre retribuciones aprobado por el Consell. La media de estos sueldos es superior a la de los que abona la conselleria a sus empleados en el resto de departamentos de salud de la Comunidad Valenciana. En La Ribera se perciben complementos que no existen en el resto de la sanidad pública valenciana. Le han preguntado por ello, pero Montón se ha limitado a decir que esta situación es “la posible legalmente”.

La otra medida peliaguda es la involucración legal de todo el Consell -no sólo de la conselleria de Sanidad- en la nueva relación de los empleados de La Ribera (“personal laboral a extinguir”). A pesar de las recomendaciones del Consell Jurídic Consultiu (CJC), el gobierno valenciano que preside Ximo Puig ha optado para hacer efectiva la subrogación del personal por la fórmula del decreto en vez de propiciar una resolución de la conselleria, con lo que los conflictos laborales que prevé el CJC por posibles vulneraciones de las fórmulas previstas en el Estatuto de los Trabajadores irían dirigidos contra él y no contra el departamento de Montón, que se blinda. La consellera ha recordado que las recomendaciones del CJC no son de obligado cumplimiento, aunque a la vez ha asegurado que se van a ajustar a ellas, sin especificar más.

De momento el sindicato CSIF ya ha avisado de que hará un "detallado análisis y estudio" del decreto y de que "podría iniciar las acciones judiciales pertinentes en defensa del interés general y de los trabajadores si se vieran vulnerados sus derechos". En la mesa sectorial de Sanidad todos los sindicatos se manifestaron favorables al decreto, excepto CSIF por "la posible inseguridad que generaría su aplicación, opinión que cree refrendada por el citado informe del Consell Jurídic Consultiu del pasado 7 de marzo.

Nueva gerencia

"Las privatizaciones no son para siempre", ha sentenciado Montón en la rueda de prensa junto a sus habituales mantras de que “la salud es derecho, no un negocio ni un juego”. Lo que en realidad acabará el 1 de abril de 2018 no será una privatización porque el hospital siempre ha sido de titularidad pública, sino una concesión de la gestión. Y con el fin de la concesión concluye también la gerencia de Javier Palau, que habrá de ceder el testigo a la persona que estará hasta ese día inspeccionándole, la radióloga y ex gerente del Hospital de San Juan Isabel González.

Montón ha dejado claro que González, actualmente titular de la Alta Inspección Sanitaria de la Generalitat Valenciana, está recopilando información para eventualmente "tomar alguna medida administrativa o de cualquier otra índole" tras las "denuncias en comisaría por parte de profesionales" de un posible borrado de datos en servicios como Farmacia, Calidad, Salud Mental o Conductas Adictivas.

De momento la reversión en La Ribera va a conllevar la creación una dirección general más en la conselleria, según ha anunciado Mónica Oltra, al desgajar la gestión del personal de la gestión económica sanitaria, con lo que a su vez ese nuevo puesto dejará una vacante de asesor en la Presidencia de la Generalitat.