Saltan costuras en los pactos de gobierno PSPV-Compromís

Concluidas las Fallas y a las puertas de la Semana Santa, varios acontecimientos ha coincidido en una muestra evidente de que en los gobiernos PSPV-Compromís se han desatado los "nervios", en definición de un cargo público nacionalista.

A los motivos puramente estratégicos -las elecciones están a un año vista- hay que sumar aquéllos más profundos que están relacionados con la toma de decisiones (la gestión) y las repercusiones que éstas pueden tener (los tribunales). Si a ello sumamos que la activación de la crisis catalana no es precisamente un aliado para el Ejecutivo Puig-Oltra (ni para Podemos) y que el resultado de recientes encuestas no son todo lo buenas que se desearía en el Consell del Botànic, cabe concluir que el acuerdo de maridaje empieza a no dar los resultados deseados. En Presidencia (que es PSPV puro) comienzan a pensar que no queda margen de maniobra para revertir la situación y “sumar” antes de 2019.

Quizá la muestra más gráfica de ese nerviosismo se produjo el jueves en la reunión semanal previa al pleno del Consell de altos cargos del PSPV y Compromís (el llamado “Consellet”) a cuenta de la subrogación del personal del Hospital de La Ribera. No es la primera vez que existen discrepancias internas, lógicas por otra parte en un Ejecutivo, pero sí lo es el hecho de que se filtraran con mucho detalle los motivos del desencuentro a dos medios de comunicación (Levante y El Mundo) y por distintos "portavoces".

La consellera socialista Carmen Montón ha conseguido que su "proyecto" sanitario implique a todos los miembros del Gobierno ante posibles responsabilidades judiciales, advertidas por cierto nada menos que por el Consell Jurídic Consultiu (CJC). Su cara de satisfacción al anunciar la fórmula final sentada junto a Mónica Oltra en la rueda de prensa de la portavoz lo decía todo. Poco importaba que, como se ha dicho, Puig le haya movido el tercer escalón para recortarle poder (a buenas horas, habría que añadir). Total, le ponen a alguno, pero no le quitan a nadie. Y el trabajo está hecho.

Es evidente que algún sindicato y sobre todo la actual concesionaria recurrirá a los tribunales el mecanismo utilizado en la adscripción al sistema sanitario público de todo el personal del hospital de La Ribera. Los representantes de Compromís no querían que esa decisión se tomara por decreto del Consell, sino por resolución de la conselleria. Montón ha jugado con el calendario y ha esperado al último pleno del Ejecutivo previo a la reversión el día 1 de abril para dejar sin margen de maniobra a los consellers nacionalistas encabezados por la vicepresidenta.

Precisamente la Administración de Puig y Oltra no se está significando por su agilidad. Más bien al contrario. Es un secreto a voces que los documentos, contratos y adjudicaciones se amontonan ante las reticencias de los empleados públicos a firmar expedientes por temor a una futuras denuncias. La época prebotánica ha sentado malos precedentes.

En la mente de muchos está también el caso Echávarri. El alcalde de Alicante ha puesto fin a su carrera política por suscribir personalmente un fraccionamiento de contratos y por firmar el despido de una trabajadora municipal familiar del portavoz municipal del PP, Luis Barcala. Ambas decisiones se podrían habar tomado sin su rúbrica y quizá, no habrían sido recurridas por la oposición.

Este proceso, en cualquier caso, ha deteriorado la imagen del PSPV en Alicante pero asimismo la del gobierno autonómico de izquierdas. El escándalo saltó en noviembre y Puig no ha sabido solventarlo hasta cuatro meses después. El jueves el alcalde Gabriel Echávarri (por cierto, ex Unión Valenciana) anunciaba que dimitía en diferido con efectos a partir del 9 de abril. La encuestas electorales en Alicante son de las más negativas para los partidos del Botànic.

Y en esta misma semana de Pasión previa a la Semana Santa, la crisis estallaba en la Diputación de Valencia por las contrataciones en la "maldita" empresa pública Divalterra (antes Imelsa la del yonki del dinero). El gobierno de Jorge Rodríguez ha dado marcha atrás a la contratación a dedo de cinco dirigentes (tanto de Compromís como del PSPV) como cargos de alta dirección. Un acuerdo que se tomó al inicio de la legislatura. La presión del PP y la existencia de informes jurídicos han llevado a "restructurar"ahora a la empresa.

Lo que parece muy probable es que los populares lleven a los tribunales a miembros del consejo de administración de Divalterra como responsables de presuntas contrataciones ilegales. El asunto está muy avanzado y la portavoz Mari Carmen Contelles ya ha dejado entrever que, tras un trabajo pormenorizado, recurrirá a la vía judicial. Los socialistas lamentan ahora que no llevaran a cabo la decisión inicial, nada más llegar al poder, de cerrar la "corrupta" Imelsa.