El hastío de la política “del Botànic”
El autor reflexiona sobre la corrupción en las administraciones públicas y dice que no hay voluntad política para el cambio. ¿Hasta cuándo la sociedad civil valenciana estará callada?
El Juzgado de Instrucción 21 de Valencia abrió en diciembre de 2016 una causa tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación ilegal del PSPV y del Bloc-Compromis entre los años 2007-2011.
Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, en enero de 2018, se declaró no competente para proseguir con la investigación tras quedar descartado que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia.
La instructora se inhibió en favor de los juzgados de Gandía, Benidorm y Madrid, donde prosigue la investigación de los hechos denunciados.
Se trataría de una trama con prácticas similares a las de la 'Gürtel', una empresa que organiza actos electorales y que posteriormente recibe contratos públicos, en este caso del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La investigación abarcaría delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral (hasta el 2015 no existía tipificado, la financiación irregular de los partidos, como delito penal) vinculados a las campañas de 2007 y 2011.
Habrían camuflado como gastos de marketing o comunicaciones donaciones o pagos de constructoras. Las dos formaciones PSPSV y Bloc-Compromís contrataron actos de campaña a Crespo Gomar, una agencia de comunicación con sede en Gandía que, según ha concluido la Policía, ejercía funciones similares a las de Orange Market en Gürtel: falsear o modificar facturas para que terceros asumieran los gastos que en realidad correspondían a contratos con los socialistas e independentistas valencianos.
Para colmo, aparece en la palestra un ex alcalde de Gandía del PP del que se dice que uso esta información para chantajear y coaccionar con sacarla a la luz, si no retiraban cargos contra el o dimitían de la alcaldía de Gandía. Flaco favor pues ,ya que de ser cierto, el no haberla presentado antes, puede haber dejado algún tipo de delito fuera del procedimiento por prescripción.
La sociedad civil valenciana no se merece esta clase de política y de políticos, estamos hartos, no queremos esto, nos merecemos otra cosa, estamos cansados, ya no sabemos a dónde mirar, nos da vergüenza, tanto cara dura delante de nuestras narices, hasta mafiosos practicando la extorsión, dándonos lecciones de buen gobierno, de participación ciudadana, de igualdad, de transparencia, de regeneración democrática… y ¡ellos llevándoselo calentito!
Por cierto, antes de que se me olvide, según mis fuentes, de delitos prescritos, ¡nada de nada! estarían investigando hasta el año 11 y la denuncia se presento el año 16, delitos como la prevaricación que prescribe entre los 10 y 15 años, la falsedad dependiendo del tipo, entre los 3 y 5 años ,el delito electoral a los 5 años igual que la malversación. Aunque, nos debería de dar lo mismo si estuvieran prescritos o no, deberíamos de conocer que paso aunque judicialmente no se pueda hacer nada, se debería de empezar con las actuaciones políticas, nada que ver unas con las otras.
¿Donde están las peticiones de comisiones de investigación en las Cortes valencianas? ¿Dónde están las camisetas y las pancartas? Donde están rasgándose las vestiduras y entonando el “mea culpa”? Perdón, perdón, uno trata de decir que yo no estaba (el Molt Honorable) y la otra, que no es mi partido, a que les suena esto? Yo no he sido ¡A más de lo mismo, nada diferente bajo el sol!.
Seguimos sin prevención de la corrupción en las administraciones públicas y sin voluntad política para el cambio. ¿Hasta cuando la sociedad civil valenciana estará callada? Necesitamos con urgencia recuperar criterios y valores que nos devuelvan a lo que en su día fuimos como sociedad o que nos transformen con fuerza hacia donde queramos ir.
Otra fortuna tendríamos si tuviéremos unos exigentes códigos éticos de conducta, con un régimen disciplinario acorde y coherente con su fin , que junto con la participación ciudadana, la redención de cuentas, la transparencia y la prevención del delito, serian sin ninguna duda, el principio del fin de la corrupción política y pública, de ésta, nuestra comunidad.
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