Guión de cine negro en el caso de la financiación de PSPV y Bloc

La investigación inicial corrió a cargo del juzgado número 21 de Valencia, que al observar que la posible financiación ilegal de campañas electorales en su demarcación estaría prescrita se inhibió en favor de otras instancias judiciales. Serán éstas quienes estudien las relaciones de diversas administraciones socialistas, como el Gobierno de Rodríguez Zapatero y los Ayuntamientos de Benidorm y Gandía, con determinadas empresas a las que presuntamente la agencia de comunicación Crespo Gomar endosaba los gastos de campaña de ambos partidos.

La tasación

Pero el auto de la magistrada Nieves Molina también explica que no pudo hacer la peritación de un edificio de Gandía objeto de un posible pelotazo porque la Conselleria de Justicia no autorizó el gasto. La Federación Valenciana de Fútbol compró ese inmueble con una subvención municipal del 50%. La propiedad era de la familia del exteniente de alcalde Antonio Gomar (padre de uno de los socios de Crespo Gomar), y acabó siendo vendida por casi el doble de lo que había costado.

Por eso la juez quería tasarlo, y por eso consignó en el auto que “al objeto de evitar que pudiese saltar a la luz la investigación en curso y se procediera a la destrucción de documentación relevante, se nombró un perito de fuera de la Comunidad Valenciana sin que pudiese llevarse a efecto la diligencia acordada, al no aceptar el encargo el perito por falta de provisión de fondos”.

Sabido es que los jueces sólo hablan mediante autos y sentencias, así que Molina va a tener difícil contestar a la consellera Gabriela Bravo, cuyo departamento afirma que sí autorizó el presupuesto de 2.000 euros más IVA para practicar dicha pericia. Fuentes consultadas por Levante-EMV explican que en estos casos se suele pagar por trabajos realizados, no mediante provisión de fondos. De ser así sorprende que la juez no lo supiera.

Evitar la frustración

En el auto de inhibición, a la juez también le da tiempo a decir que el secreto de las actuaciones debía ser prorrogado por razones “consistentes en evitar que se frustre el resultado de la investigación que se está llevando a cabo, y que se frustre la práctica de otras diligencias que pudieran acordar los órganos jurisdiccionales que finalmente continúen con la instrucción”.

Según publicó El Mundo citando fuentes conocedoras de las diligencias, en un primer momento se nombró a dos agentes de Valencia para que comprobaran la autenticidad de la documentación. Poco tiempo después hubo que trasladar el asunto a la brigada central de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional en Madrid por las interferencias detectadas para garantizar el buen curso del procedimiento que se produjeron -siempre según el diario- desde diversos ámbitos.

Visto lo visto, la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha anunciado la presentación de una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -del que por cierto Gabriela Bravo fue portavoz en tiempos de Rodríguez Zapatero- y ante el Síndic de Greuges, además de pedir la comparecencia parlamentaria de la consellera de Justicia. Ortiz ha dado por buena la versión de la juez y ha achacado el sorpendente problema del peritaje frustrado a “algún tipo de injerencia política por parte del actual Consell".

Saber o no saber

Desde que el caso (aún sin nombre acuñado) saltó a las páginas de los periódicos los responsables de los partidos aludidos se han esforzado en asegurar que no estamos ante una reedición de Gürtel porque “aquí no hay trama, ni hay una concepción política sistémica que quiere encubrir la corrupción, que es lo que pasaba con el PP”. Palabras textuales de Ximo Puig apenas cuatro días después de que el PSPV decidiera crear una comisión interna de investigación que quince días más tarde aún no ha hecho pública ninguna conclusión ni mostrado ningún documento.

Puig añadió ese día que su partido “no tiene más información que la que se ha publicado”. Suficiente para asegurar rotundo la inexistencia de una trama. Sin embargo Juan Nieto publicó en El Mundo que se había “constatado que el círculo de confianza del presidente Ximo Puig conocía una de las resoluciones incluidas en el expediente abierto tras la denuncia del PP”. Y su director, Xavier Borràs, se preguntaba en otro artículo cómo tenía tan claro y tan pronto Puig -antes de hacerse público el auto- que no hay trama.

La presión se traslada al PSPV

Si bien al principio la situación política derivada de estas investigaciones parecía más preocupante para el Bloc que para el PSPV, con un Enric Morera (presidente de Les Corts y del Bloc) al que parte de sus compañeros en Compromís parecían haber elegido como chivo expiatorio, el auto de la juez derivando el caso a jurisdicciones en las que el poder lo ejercen o ejercían los socialistas ha dado aire a los nacionalistas. Aire que le puede cortar en cualquier momento Podemos, el tercer socio, en su inclinación a pedir dimisiones o ceses sin esperar siguiera a las posibles imputaciones que algunas informaciones apuntan a que podrían llegar en cuestión de días.

Fuentes parlamentarias de todo signo coinciden en señalar que la presión ahora se ha trasladado básicamente a las filas del PSPV, en las que cunde la preocupación. Pero no sólo a las del PSPV. Este miércoles el síndic socialista, Manolo Mata, y la vicepresidente del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, han compartido charla y algo de humo en el patio de Les Corts, sin que pareciera importarles ser vistos. Y eso no es habitual. En el PP dicen que “se les cae el mito”.