Caso Crespo Gomar: las imputaciones llegan desde Madrid, pero no los sumarios

El fuego lo ha abierto el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, que investiga parte de la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc, la correspondiente al concurso de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2010, concedido en tiempos de Rodríguez Zapatero a la empresa de comunicación Crespo Gomar por un importe de 126.000 euros.

La juez María de las Mercedes Pérez Barrios ha incoado diligencias previas por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos y ha imputado a tres responsables de la Mesa de Contratación, a los que ha citado a declarar el 11 de mayo: Rosario G. V. y Sandra S. F., respectivamente presidenta y secretaria de la Mesa de Contratación, y a José María A. G., el interventor que presumiblemente autorizó el pago y que formaba parte como vocal de la Mesa de Contratación.

Llegan las noticias pero no los sumarios

Es verdad que en Madrid, con motivo de su fiesta autonómica del 2 de Mayo, llevan media semana de fiesta y puente. Pero al PP valenciano, la única acusación particular en el caso, los únicos personados, le ha sorprendido que aún no le ha llegado ninguno de los sumarios de los juzgados en los que ya ha depositado las correspondientes fianzas. Al menos así lo aseguran fuentes del PPCV a ESdiarioCV, que reconocen haberse enterado de las imputaciones por los medios de comunicación y por Twitter. La explicación más lógica -apuntan- es el celo extremado por tratarse de un caso con repercusión pública y con partidos políticos de por medio. Otra cosa son las filtraciones de datos concretos, como las imputaciones.

La inhibición del juzgado de Valencia

El juzgado de Valencia que se inhibió en favor del de Plaza de Castilla comenzó la investigación por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos y otro electoral en diciembre de 2016 tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación irregular de los partidos políticos entre los años 2007 y 2011.

Posteriormente, el pasado mes de enero, tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, este órgano judicial se declaró "no competente" para proseguir con la instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, por lo que se inhibió a favor de juzgados de Gandía, Benidorm y Madrid.

Los hechos aludidos serían la compraventa de un local en Gandía por la Federación Valenciana de Fútbol subvencionada por el Ayuntamiento de esa ciudad; los 'opinómetros' -contrato de suministro del sistema de comunicación a Opino Media por el Ayuntamiento de Benidorm en 2010-; y adjudicaciones del Ministerio de Vivienda a Crespo Gomar.

La empresa de comunicación Crespo Gomar -que tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del exteniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia- facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.