PSPV-Compromís en la Diputación: Luchas internas, enchufismo, filtraciones...

La corrupción vuelve a salpicar al PSPV-PSOE. Pero en esta ocasión, el caso afecta a la presente legislatura. El presidente de la Diputación de Valencia y nada menos que portavoz del partido ha sido suspendido de todos sus cargos. Jorge Rodríguez, un político emergente que aspiraba a sustituir al presidente Ximo Puig, fue detenido en la operación Alquería. Toni Gaspar es el candidato propuesto por los socialistas para dirigir la corporación provincial.

Rodríguez y otros seis detenidos durmieron ancohe en el calabozo. En las próximas horas declararán ante el juzgado una vez concluidos diversos registros en el Ayuntamiento de Ontinyent, en la sede de la Diputación de Valencia y en domicilios particulares. A los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa, podría unirse también el de financiación irregular del PSPV. Esto es lo que más preocupa al entorno de Ximo Puig cuando aún está abierta el caso Crespo Gomar.

Hipoteca reputacional valenciana

"La detención de un presidente de la Diputación es perjudicial para el esfuerzo que todos los valencianos estamos haciendo para levantar la hipoteca reputacional, tras veinte años de gobiernos del PP", dijo anoche Puig, quien decidió la "expulsión" de sus compañero tras reflexionar la contundente decisión "con muchos compañeros y compañeras".

El presidente de la Generalitat dijo confiar en la inocencia del también alcalde de Ontinyent tras una investigación declarada secreta "de la que nada se conoce porque permanece secreta y de la que nada en estos momentos nos hace presumir que haya una responsabilidad directa de Rodríguez".

En febrero este diario informó que la Diputación contrataba a dedo a cargos socialista así como otras presuntas irregularidades que ahora investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia encargado de la operación Alquería. El PP presentó en su día una denuncia que fue desestimada en tiempo récord por la Fiscalía. Días después fueron trabajadores de la firma pública Divalterra (antigua Imelsa) quienes presentaban una denuncia ante el juzgado de guardia. Ciudadanos asimismo recurrió a la vía judicial. Los hechos puestos de relieve por trabajadores son lo que han llevado a la detención de Rodríguez y de otros seis cargos de la corporación provincial, entre ellos el ex alcalde de l'Alcúdia de Crespins.

Los tres años gestión del PSPV y Compromís en la Diputación de Valencia está repleta de escándalos. Amiguismo, contrataciones irregulares, denuncias, filtraciones, gastos más que cuestionables... han protagonizado la labor del gobierno de coalición tras la etapa del PP. No han faltado incluso presuntos pelotazos.

Las luchas internas entre socialistas y nacionalistas en la empresa Divalterra (la famosa firma que dirigió el yonki del dinero) han sido una constante en este mandato. El presidente y la vicepresidenta de la diputación barajaron el cierre de la sociedad. Finalmente se decidió reforzarla. Cargos socialistas y de Compromís llegaron a un acuerdo para colocar afines a dedo y con salarios de alta dirección.

Pero también las batallas por el poder se han dirimido en el propio seno del PSPV. Rodríguez relevó a dos fieles colaboradores de Puig (José Manuel Orengo y José Ramón Tiller) al poco de tomar posesión. Orengo es en la actualidad asesor del presidente de la Generalitat y está salpicado por otro caso de presunta financiación irregular del PSPV, el caso Crespo Gomar. Rodríguez, quien arrasó en las urnas y se convirtió en uno de los alcaldes con mayor apoyo popular del PSOE, suscitaba recelos en ciertos sectores de la organización, sobre todo en el entorno más próximo a Puig.