Presunción de inocencia

- “¡Que el jurado considere su veredicto! – ordenó el Rey por centésima vez aquel día.

- No, no, protestó la Reina. Primero la sentencia… el veredicto después.

- ¡Valiente idiotez -exclamó Alicia alzando la voz! – Qué ocurrencia, pedir la sentencia primero”

Lewis Carroll, “Alicia en el país de las maravillas”

No habían pasado dos horas desde que a las 7,30 de la mañana del pasado miércoles comenzase el registro policial de la vivienda de Jorge Rodríguez en el diseminado de Ontinyent, cuando éramos cientos de miles los españoles los que ya estábamos informados, vía whatsapp, de la detención de nuestro alcalde y presidente de la Diputación de Valencia. Se había puesto en marcha una operación judicial a cargo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción contra Jorge Rodríguez y algunos de sus más directos colaboradores.

A partir de ese momento se estableció una endiablada carrera. Por una calle corrían los medios de comunicación, bregando sin resuello por tal de ser los primeros en dar cuenta de nuevos detalles de la detención. Por la otra calle, se pusieron a correr los dirigentes de la oposición. Tenían prisa por ser los primeros en reclamar la dimisión de Jorge. No tardarían mucho en sumarse a la competición ciertos dirigentes socialistas que, sin recato alguno, y en más de un caso ya han mostrando su personal inquina hacia nuestro paisano, se apresuraron a pasarle factura por algún agravio cometido o alguna petición desatendida.

La inmensa mayoría de los medios de comunicación editados en España, con olvido de la norma jurídica que consagra la presunción de inocencia, no se recataban a la hora de condenar al alcalde y presidente de la Diputación de Valencia, dando por sentado que se trataba de un caso de corrupción. En las ediciones digitales de los dos principales periódicos de Valencia, estos eran los titulares del día: “Jorge Rodríguez, conducido a un registro en la Diputación tras ser detenido por corrupción” (Levante); “El presidente de la Diputación de Valencia, detenido por corrupción” (Las Provincias). El titular del diario El País digital se ajustaba más a Derecho: “Detenido el presidente de la Diputación por presunta corrupción”.

Me vino a la memoria el pasaje del conocido cuento Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, y una de las brutales frases que lanza la Reina de Corazones: “Primero la sentencia, el veredicto después”. Jorge Rodríguez no era víctima de la ficción de un escritor británico que compaginaba la literatura con sus obligaciones como pastor anglicano, matemático y hasta pionero de la fotografía, no. Eran sus propios compañeros los que decidían actuar como la Reina de Corazones, con la celeridad y brusquedad con que ella solía hacerlo.

Sólo así se explica que en la tarde noche del mismo día de la detención, los responsables del PSPV-PSOE decidieran la expulsión del partido de quien hasta ese mismo momento también era secretario de comunicación, además de presidente de la Diputación y alcalde de Ontinyent.

Demasiadas prisas. O peor, únicamente urgencias por quitar de en medio a Jorge Rodríguez. Como fuera. Que esas prisas las tuviesen sus opositores políticos en la Diputación de Valencia o el Congreso de los Diputados, se entiende. Que semejantes celeridades llevasen la firma de compañeros socialistas, sólo se puede entender desde el rencor o la envidia o la pérdida de empatía. Sin haber comparecido todavía ante el titular del Juzgado de Instrucción numero 9 de Valencia, que ayer jueves le tomó declaración, Jorge Rodríguez ya había sido declarado culpable por los suyos, sin posibilidad de defensa alguna dada la incomunicación a la que estaba siendo sometido por la Policía Nacional.

La presunción de culpabilidad ha venido a enseñorearse de nuestra vida política, judicial y mediática. Todo son prisas, siempre malas consejeras. Jorge Rodríguez tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano español a la presunción de inocencia. Un derecho que en su caso ha sido conculcado de modo flagrante. Si la justicia termina por condenarle, será porque ha acumulado pruebas que así lo justifiquen, pero de momento Jorge Rodríguez Gramaje tenía y tiene derecho a la presunción de inocencia, groseramente conculcada por todos cuantos se han sumado a su cacería. La vida política de Jorge –esa era la pretensión de sus debeladores, ahora triunfantes—puede que se haya acabado.

O no. Así se lo deseo.