¿Cargarse las Diputaciones pero no Divalterra? Mónica Oltra pisa el freno

¿Diputaciones sí o no?

Hace escasamente un par de meses Jorge Rodríguez sorprendía a propios y extraños invitando a su partido, el PSPV, y a sus socios de izquierdas, a modificar su posición contraria al mantenimiento de las diputaciones. Cosa que en cualquier caso requeriría una modificación constitucional, para la que se llevaba tiempo trabajando en la creación del adecuado caldo de cultivo. Por ejemplo con la propuesta de reforma de la Carta Magna elaborada por el Consell. Rodríguez basaba su caída del caballo en un informe favorable de los alcaldes de la provincia, los principales beneficiarios de la institución en cuestión.

Sorprendía Rodríguez por dos razones: porque poco antes él mismo era firme partidario de cargarse la institución que presidía, y porque como portavoz del PSPV contradecía con su cambio de actitud la postura oficial de los socialistas valencianos. Que no al sector sanchista de José Luis Ábalos y Mercedes Caballero, que siempre ha defendido la estructura provincial frente a la comarcal, al menos en cuanto a la organización de su partido.

Compromís también es partidaria de suprimir las diputaciones y centralizar competencias en la Generalitat a la vez que se avanza en la comarcalización. Con la eliminación de las instituciones provinciales desaparecería, colateralmente, un contrapoder político para el Consell, como se ha evidenciado en los últimos años, especialmente desde Alicante con ocasión de los conflictos lingüístico y educativo.

Tan partidaria es Compromís del fin de las diputaciones que en febrero de 2017 realizó un vídeo en tal sentido, que calificaba a la institución de “anacrónica” y “centralista”, y que presentó, entre otros, la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó. El destino ha querido que con la dimisión de Rodríguez tras su detención en el transcurso de la Operación Alquería, Amigó ocupe accidentalmente el cargo de presidente.

Los nacionalistas argumentaban en ese vídeo que los servicios que presta la Diputación están duplicados, aunque sin embargo abogan por conservar a todos los trabajadores de la Diputación pero ya a las órdenes de la Generalitat. ¿Para hacer qué, si sus servicios ya están cubiertos?

¿Divalterra sí o no?

Ahora el debate está en la supervivencia o no de la empresa Divalterra, antigua Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, y de la que han nacido dos grandes escándalos que afectan a dos equipos de gobierno de diferentes partidos.

De momento Mónica Oltra ya no aboga abiertamente por la supresión de Divalterra con el argumento de que hay que hablar de esa empresa “sin apriorismos ni dogmas previos” porque “tenemos entre manos muchas vidas de muchas personas” (unos 700 trabajadores y sus familias). “No se puede actuar con prisas ni con frivolidad”, remataba la coportavoz de Compromís y vicepresidenta del Consell en Les Corts.

¿Ceses por el caso Alquería?

Los que de momento siguen en sus puestos son los demás detenidos -y puestos en libertad con cargos después- en la Operación Alquería, descontado Jorge Rodríguez. La portavoz del PP en la Diputación, Mari Carmen Contelles, ha exigido la dimisión o destitución del director gerente de Divalterra, Xavier Simó (PSPV); el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego; el secretario letrado asesor de Divalterra, Jorge Cuerda; la ex-cogerente de la empresa pública, Agustina Brines (Compromís) y el asesor Manuel Reguart, alegando que los populares cesaron a sus cargos detenidos en la Operación Taula en el mismo día.

En Les Corts, el síndic de Podemos, Antonio Estañ, ha reconocido una “rebaja en la contundencia” de Compromís con la cogerente de Divalterra Agustina Brines, que no ha dimitido del cargo y no ha sido suspendida de militancia, y cree que esta "debería ser cesada". Brines anunció la pasada semana que se apartaba de sus funciones.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, no parece que vaya a tener muy en cuenta las palabras de Estañ al asegurar que "si el caso es grave y no tiene ningún tipo de explicación, actuaremos con contundencia". Una forma como otra cualquiera de rebajar la contundencia respecto de cuando los detenidos eran de otro partido.

En el hemiciclo el caso Alquería y la realidad de Divalterra han estado muy presentes durante el debate de este miércoles. El fuego lo ha abierto el popular Juan Carlos Caballero aprovechando la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social.

Cuando Caballero ha señalado que el artículo 14 de esta norma regula la gestión responsable de los recursos humanos en administraciones públicas, ha soltado la pulla en forma de pregunta a la bancada de PSPV y Compromís: si durante la redacción de este punto "el Consell estaba pensando los contratos de alta dirección en Divalterra".

Le ha respondido la socialista Clara Tirado, que le ha espetado que "corrupción hay en todas las organizaciones, entidades y partidos políticos" pero "con diferentes intensidades".