La izquierda "incendia" Divalterra

Los cuatro grupos de izquierda que gobiernan la Diputación de Valencia han decidido cerrar Divalterra tras el escándalo de la Operación Alquería en la que Jorge Rodríguez fue detenido y luego puesto en libertad. Se anuncian movilizaciones.

Mónica Oltra dijo hace cinco días que hay que hablar del futuro de Divalterra “sin apriorismos ni dogmas previos” porque “tenemos entre manos muchas vidas de muchas personas” (unos 700 trabajadores y sus familias). “No se puede actuar con prisas ni con frivolidad”, remataba la coportavoz de Compromís y vicepresidenta del Consell en Les Corts.

Pues bien, ya se ha acabado el período de reflexión: Compromís, PSPV, EU y València en Comú (Podemos) han acordado el cierre de la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia previo “vaciado ordenado”, según la presidenta accidental de la Diputación, la nacionalista Maria Josep Amigó.

Divalterra, heredera de la también polémica Imelsa, es una empresa pública dedicada básicamente a la promoción turística y a la prevención de incendios (500 brigadistas). Incendios que, sin embargo, en el terreno laboral se anuncian inminentes porque, de entrada, el sindicato CSIF, mayoritario en el comité de empresa de Divalterra, ha avanzado “movilizaciones y todas las acciones legales a su alcance para defender los puestos de trabajo”.

De todas formas la decisión del cuatripartito de izquierdas no va a ser tan fácil de adoptar porque, aparte de las movilizaciones sindicales, se requiere del acuerdo de la Junta General de la empresa, que habrá de debatir las posibles causas del cierre. El próximo jueves hay convocada reunión del Consejo de Administración. De momento lo que se ha anunciado es el encargo de informes jurídicos que indiquen si es adecuado el cierre y qué se ha de hacer para preservar los 700 empleos ahora en el aire.

Parecidos razonables -pero al revés- con RTVV

La portavoz del PP en la Diputación, Mari Carmen Contelles, asegura que “el equipo de gobierno de la Diputación no es competente para adoptar una medida de estas características”. Contelles se ha preguntado si el anuncio del cierre de Divalterra "se enmarca en la estrategia judicial que pretenden seguir los miembros del Consejo" de Administración de la empresa "que avalaron los contratos de alta dirección para eludir sus responsabilidades".

En el terreno laboral, la portavoz popular ha dicho a ESdiarioCV que considera una “falta de respeto” que ni siquiera se haya reunido al Comité de Empresa, y que cree que con esta medida se hace pagar a los trabajadores "la presunta corrupción del PSPV y Compromís". “Los trabajadores no son los culpables”, ha rematado Contelles emulando el lema de los antiguos trabajadores de RTVV que hacían suyo los partidos de la izquierda valenciana.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la institución provincial, Mamen Peris, también ha remarcado la diferente actitud del cuatripartito respecto del cierre de RTVV que decidió en 2013 el PP. Peris además ha hecho hincapié para ESdiarioCV en la “imposible” transferencia del personal laboral de Divalterra a la Diputación (una de las opciones barajadas por el equipo de gobierno provincial), y ha recordado que hace apenas mes y medio, en un pleno provincial, se aprobó una partida de medio millón para turismo con el argumento de que resultaba más barato.

La portavoz de Ciudadanos aboga por “mantener la empresa pero desde el mérito y la capacidad” y critica que ahora se cuestione la estabilidad laboral de los trabajadores por un puñado de sueldos de entre 50.000 y 70.000 euros, en referencia a los contratos de alta dirección objeto de investigación judicial en la Operación Alquería.

En este sentido, CSIF resalta en un comunicado que “asegurar, por parte de Diputación, que se respetan los derechos de los trabajadores no significa asegurar la continuidad de sus puestos laborales”. La central sindical propone que “si los partidos coaligados en el gobierno de la Diputación no tienen personas capaces, que sepan, quieran y puedan gestionar con honestidad y eficacia esta empresa, convoquen un concurso público y transparente para cubrir los puestos directivos”.

CSIF advierte además de que con este anuncio, del que los trabajadores y la oposición se han enterado por los medios de comunicación y las redes sociales, cabe “la posibilidad de que afecte a su labor en un momento crítico, en unas fechas en las que su trabajo de prevención y extinción de incendios resulte especialmente imprescindible”.