Maltratada por la Administración

Tenía que llegar.

Quince años después de que su marido asesinara a su hija de 7 años, el Tribunal Supremo ha condenado a España a pagar a Ángela González la cantidad de 600.000 €.

Los antecedentes de esta historia son dramáticos. Durante su relación con el maltratador, la mujer sufrió malos tratos. Tras huir de la vivienda familiar con la menor, él la amenazó con quitarle lo que más quería: su hija. Durante el régimen de visitas cumplió su amenaza y la asesinó.

Un total de 25 menores han sido asesinados por la pareja de sus madres desde 2013. No cabe duda de que ése es el peor calvario al que puede enfrentarse una mujer. En cinco casos, había denuncias previas, y en uno constaban medidas de protección vigentes.

Una de las modalidades de cumplimiento del régimen de visitas cuando existen medidas cautelares o penas de alejamiento y se advierte un riesgo para los menores o rechazo de estos a relacionarse con su progenitor es la intervención tutelada en los Puntos de Encuentro.

Recientemente, conocí de un caso cuya intervención debía llevarse a cabo en un municipio del área metropolitana de Valencia. Tras acordar las partes la intervención de profesionales para normalizar la relación entre hijos-progenitor, recibieron la llamada del Punto de Encuentro un año después.

Resulta preocupante que cuando la violencia de género se ha convertido en una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad, la carencia de medios suficientes para solucionar, o al menos, paliar sus consecuencias sea tan evidente.

Pero hay casos, como el de Ángela Álvarez, en los que la negligencia supera la falta de medios. Apoyándose en los informes de los servicios sociales, el Juez acordó suprimir las visitas vigiladas. Un grave error que facilitó que el maltratador, denunciado en más de 47 ocasiones por su exmujer, asesinara a su hija.

Las reclamaciones judiciales interpuestas por Ángela fueron infructuosas hasta que recurrió a la ONU. El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dictaminó que España no actuó con diligencia debida.

A pesar del carácter vinculante del dictamen, el Ministerio de Justicia se mantuvo impasible, negándose a indemnizar a Ángela por los daños morales causados; por la irresponsabilidad que supuso no mantener las visitas vigiladas del maltratador, viéndose obligada a presentar demanda de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración.

En su sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo reconoce que, si bien no son directamente efectivos los dictámenes de comités como el CEDAW, esas resoluciones sí pueden amparar una reclamación patrimonial en los tribunales y condena a indemnizarla con la cantidad de 600.000 €.

Ángela es una mujer de las que hacen Historia. Sobreponerse al asesinato de una hija y luchar por que se reconociera la desprotección a la que se vió sometida es una muestra de coraje y valentía.

Ángela es ya un referente en la lucha contra la violencia de género. Y es que además de enfrentarse a su maltratador, tuvo que hacerlo contra el Estado que debía protegerla.