Diputación de Valencia destina casi 9 millones para pagar a enchufados

Casi nueve millones de euros de los fondos anuales de los municipios de la provincia Valencia se destinan a los sueldos de los 51 asesores, directivos, coordinadores y jefes de gabinete que el gobierno de la Diputación de Valencia mantiene en la institución. Cargos de confianza o lo que comúnmente se denomina como"enchufados".

Una abultada nómina de asesores que trabaja en la corporación provincial sin haber pasado por un proceso de selección previo, sin concurso público para optar al puesto y con el único mérito de haber sido elegidos directamente a dedo por el presidente y por los diferentes partidos políticos que forman parte de la corporación provincial.

Los cargos así nombrados que trabajan en la Diputación de Valencia tienen un sueldo que oscila entre 42.395 euros y los 61.000 euros al año. Dentro de la primera retribución se encuentran la mayoría de ellos: los asesores de presidencia, los asesores de vicepresidencia, los asesores de los grupos políticos y los coordinadores de grupo. La segunda retribución, la de 61.000 euros, recae en el jefe de gabinete del presidente, el más alto de todos los trabajadores eventuales, al que le sigue con 55.000 euros, el jefe de gabinete del Vicepresidente de la institución.

Todos ellos generan un gasto anual a la Diputación de Valencia de 1.679.729,38 euros, lo que multiplicado por cuatro años que dura la legislatura, supone un desembolso de 6,718.917,52 euros a las arcas públicas. No obstante, las circunstancias varían en función de los casos y de la decisión de la Diputación de Valencia sobre su personal. Porque a la antigüedad que cobran los que son funcionarios de carrera, se suma el denominado "complemento específico" que es la clave para que los sueldos sean más o menos sustanciosos. Es más, cuanto más alto es el cargo que se ocupa, más alto es el complemento específico, ya que el sueldo base es similar para la mayoría de las categorías profesionales de la Diputación.

Los enchufados de Divalterra

Ahora bien, ¿dónde están los 2,2 millones que faltan hasta llegar a los casi 9 millones de gasto? La clave la tenemos en los enchufados (directivos) en la empresa pública Divalterra, a la que se ha abierto una investigación judicial por una serie de contrataciones irregulares de altos cargos, todos ellos con contrato de alta dirección. En esa operación se detuvo a Jorge Rodríguez y a cinco cargos más de la Diputación, que quedaron en libertad pero siguen investigados judicialmente por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Las investigaciones consideran que sus nombramientos no se ajustan a derecho. Entienden estos documentos legales que para optar a un puesto de alta dirección se deberían haber seguido los procedimientos de concurso público y méritos, algo que se obvió en todos los casos. En la denuncia que presentó en el mes de abril, Ciudadanos apuntaba más allá de las irregularidades cometidas en sus nombramientos: consideraban que se podía haber propiciado una suerte de financiación de partidos, puesto que, a su entender, todos los nombrados tenían vínculos con el PSPV y Compromís.

Entre ellos figuraban Agustina Brines, vinculada con Compromís, y Xavier Simón, ex alcalde de l'Alcúdia de Crespins por el PSPV, así como nombres muy próximos a las dos formaciones sacudidas por el golpe policial. Es el caso de Manuel Carot, que alcanzó el puesto a propuesta del PSPV; Salvador Femenía, alcalde socialista de l'Alquería de la Comptessa y que tras su paso por la empresa pública de la Diputación acabó de diputado provincial tras la renuncia al acta de la alcaldesa de Gandia, Diana Morant; Miguel Ángel Ferri, biólogo de la comarca de la Vall d'Albaida; y Víctor Jiménez, alcalde socialista de Rocafort que apenas se mantuvo unos días en el cargo tras su nombramiento. Además, del jurídico José Luis Vera, del denominado " clan de Gandía" que tiene un sueldo superior al del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Vera, durante una año de baja por enfermedad, siguió cobrando el plus por desplazamiento.

Por lo que respecta a los contratos de alta dirección designados por Compromís, en la nómina figuran Soledad Torrijo, próxima al diputado de Medio Ambiente de Compromís, Josep Bort; Pau Pérez, Compromís de Oliva; Josep Lluis Melero, concejal de Compromís en Silla; y Raúl Ibáñez, actual portavoz de Iniciativa en Sueca.

Aunque inicialmente sólo se produjeron siete nombramientos, finalmente, la marcha de alguno de ellos, especialmente entre los representantes del PSPV, provocó vacantes con lo que la nómina total de contratos irregulares se redujo.

Cabe recordar que a raíz de esta operación, el PSOE suspendió de militancia a Rodríguez, a quien el PSPV también apartó de sus cargos orgánicos, y llevó al también alcalde de Ontinyent a renunciar a la presidencia de la Diputación y al acta de diputado provincial, así como a la delegación temporal de funciones en su Ayuntamiento mientras dure la investigación judicial, declarada secreta.