Lost in traslation o el "todo vale" del independentismo catalán

Parecía complicado que el surrealista sainete en que se ha convertido la situación de los políticos independentistas catalanes huidos al extranjero nos diera más sorpresas, pero así ha sido. Unas tergiversadas manifestaciones orales en un acto informal del juez Llarena han servido de catalizador para la presentación de una demanda ante la justicia belga por atentar contra la reputación y honor de los huidos, así como de prejuzgar el caso.

El "todo vale, por ridículo que sea", que ha sido la tónica habitual de su errática política de ataque y defensa, ha iniciado un nuevo capítulo que puede producir serios problemas a la posición de Carles Puigdemont y el resto de huidos y acrecentar el número de delitos de los que se les acusa. La traducción tendenciosa y manipulada de las palabras de Llarena al francés fue rápidamente detectada y, por mucho que insista la defensa de los políticos catalanes, sí altera completamente la validez de la misma.

Su defensa cae también en una imposibilidad jurídica, al pretender que la negativa de Llarena a reconocer la existencia de presos políticos -en todo momento se refiere a políticos presos- indica que prejuzga el resultado de una eventual sentencia. Los jueces no están para hacer suyos con una mera lectura los argumentos de la defensa o la acusación, sino para, a la vista de los hechos, la fundamentación jurídica y un proceso con las debidas garantías, resolver de modo imparcial.

Por otro lado, reconocer lo contrario supondría acusarse a sí mismo de un delito de prevaricación, es decir, hacer suyo el argumento de la defensa que se trata de una persecución política y no por unos presuntos hechos delictivos.

En suma, lo que se pretende es poner en duda el propio sistema judicial español y su independencia, que por muchas críticas que se le pueda hacer, no cabe duda de la honradez de sus profesionales, que sólo obedecen a la Ley. La defensa de Puigdemont pide, pues, un imposible.

Más grave es lo que ocurre en el interior del país, donde el victimismo del independentismo ha alcanzado ya cotas absolutamente esperpénticas y que causan un fuerte hartazgo en toda la sociedad española.

El uso partidista de las instituciones catalanas por los soberanistas, que promueven la utilización de la vía y edificios públicos para colocar símbolos afines, así como el empleo de los Mossos para amedrentar a quienes retiran parafernalia independentista de la misma, es una cuestión muy grave. El espacio público ha dejado de ser patrimonio de todos los catalanes y con una total temeridad, en nombre del pueblo catalán (sólo una parte él, claro está) se alientan comportamientos que fracturan aún más la sociedad catalana.

El alejamiento de la realidad de las fuerzas soberanistas y sus seguidores más acérrimos, que han dedicido encerrarse en su esfera de realidad y volverse impermeables al sentido común y a todas las peticiones para volver a un camino de entendimiento con el resto del país, deben cesar. Posiblemente sea solo cuestión de tiempo, dado que hablar de unidad de las fuerzas soberanistas es una entelequia y, con el Partido Popular fuera de juego, su estrategia ha perdido todavía más fuelle.

Toda vez que las promesas, mentiras y medias verdades del independentismo van cayendo una a una, el apoyo internacional y de la Unión Europea a semejante disparate es nulo y la situación se alarga en el tiempo, mejor que reconozcan la realidad y vuelvan por la senda constitucional.

*Abogado y politólogo.