El Decreto de Valencia y la restauración absolutista de Fernando VII

En 1813 las tropas de ocupación francesas abandonaron el territorio valenciano. Aunque desde un primer momento fueron hostigadas por acciones guerrilleras, dicha retirada se produjo a causa de factores externos, principalmente la huida de José Bonaparte y la victoria aliada en Vitoria.

Los meses siguientes estuvieron caracterizados por un gran radicalismo político y social. Las autoridades constitucionalistas, que habían resistido en Alicante, regresaron a Valencia y formaron un nuevo ayuntamiento sin presencia nobiliaria. En el campo, dejaron de pagarse las rentas y los derechos señoriales.

La falta de reacción de los sectores contrarrevolucionarios fue evidente, a causa de la posguerra y el vacío de poder existente, pero a finales de año esta comenzó a tomar forma: Napoleón devolvía la corona a Fernando VII, el Deseado, y le permitió, poco después, regresar a España, para tratar de cerrar un frente que se había convertido en una sangría de recursos.

La vuelta del rey despertó las aspiraciones de ambos bandos. Los liberales deseaban que Fernando VII reconociera la constitución de 1812 y las reformas realizadas en las Cortes, mientras que los absolutistas deseaban todo lo contrario. La balanza comenzó a inclinarse públicamente a favor de los segundos cuando el rey, aunque sin manifestar un programa político claro, se negó a recorrer en su viaje de regreso el itinerario marcado por la regencia. El 16 de abril, llegaba a Valencia.

La ciudad se convirtió enseguida en un centro de reunión de los conspiradores absolutistas, en particular de los impulsores del Manifiesto de los persas, 69 diputados que instaban al rey a no jurar la Constitución de Cádiz y a derogar las leyes aprobadas por las Cortes. En el continente, pocos días antes la Sexta Coalición derrocaba a Napoleón, quien solo conservó la isla de Elba, lugar donde debía partir al exilio. Se cancelaba así la amenaza de una posible invasión francesa.

La trama política de la conjura tenía también fuertes conexiones locales. Por una parte, la eficaz labor propagandística de periódicos antiliberales como el Fernandino, encargados de crear un clima de opinión favorable. Y por la otra, el soporte de la nobleza valenciana, la principal víctima de la legislación revolucionaria, ya que la mayor parte de sus rentas procedían de los derechos jurisdiccionales, abolidos en 1811.

Pero el soporte decisivo de la restauración absolutista vino de la mano del general Elío, capitán general de Valencia, quien puso a sus tropas al servicio del monarca, facilitando así el triunfo de la conspiración. Fue el primer pronunciamiento militar en España.

Las piezas estaban dispuestas. El 4 de mayo Fernando VII firmó el Decreto de Valencia en contra del régimen constitucional. La Constitución de 1812 y las reformas realizadas en las Cortes fueron anuladas, «como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitase de en medio del tiempo».

El rey emprendió entonces su viaje triunfal hacia Madrid. La capital es ocupada por el general Eguía, capital general de Castilla, que procede a detener autoridades constitucionales y diputados liberales. Las Cortes se disolvieron el 10 de mayo de 1814 y empezará entonces una dura represión.

No obstante, no se trató ni podía ser una restauración completa del régimen anterior. Si bien se derogó toda la legislación de Cádiz y se restablecieron el régimen señorial y las instituciones del Antiguo Régimen, los señores no recuperaron los derechos jurisdiccionales perdidos: estos quedaron definitivamente incorporados a la Corona.

Además, poco después Fernando VII tuvo que afrontar la dura crisis financiera en la que estaba sumida la monarquía, agravada por la imparable pérdida de las colonias americanas. Las rebeliones al otro lado del Atlántico y las movilizaciones y conspiraciones liberales en España desbordaron la acción del gobierno.

No quedó otra alternativa que llevar a cabo una política económica reformista para obtener mayores fondos, lo que forzosamente iba precisamente en contra de los intereses de las clases privilegiadas, cuyo apoyo había permitido la restauración absolutista. Creció de este modo un sentimiento generalizado de descontento y decepción que pronto se volvería incontrolable para Fernando VII.

*Doctor en Historia-UV. Dottore di ricerca-UniCa