El Tribunal Supremo y su “giro radical” hacia el lado equivocado

El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidirá si confirma el giro jurisprudencial de la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas. El presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, ha emitido la siguiente nota informativa:

“Dado que la sentencia nº 1505/2018 de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, supone un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado y habida cuenta, asimismo, de su enorme repercusión económica y social, el Presidente de la Sala ha acordado, con carácter urgente:

Primero. - Dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar

Segundo. - Avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado”

En definitiva, el Alto Tribunal argumenta que por "su enorme repercusión económica y social" deja en manos de los 31 magistrados del pleno de la sala que decidan si deben ser los bancos o los clientes los que deban pagar dicho impuesto.

Nunca el Tribunal Supremo había reaccionado de esta manera, nunca antes había suspendido el resto de los señalamientos similares, nunca antes había convocado a su pleno para confirmar o no una sentencia, y nunca antes la gran banca había perdido en un solo día cerca de 6.000 millones de euros. Ni 24 horas ha tardado el TS en enmendar el cataclismo financiero, recuperando parte de las perdidas tan solo con el comunicado.

El Supremo no descarta dar marcha atrás en el criterio establecido el jueves que ha generado un maremoto en la banca, y cabe la posibilidad de que el Supremo vuelva a la doctrina que había mantenido y atribuya de nuevo al cliente la responsabilidad de pagar este impuesto.

El lío se organiza cuando el propio tribunal falla imputando como sujeto pasivo al banco, en cuanto al impuesto de AJD y no al titular de la hipoteca. El impuesto de actos jurídicos documentados grava determinados documentos notariales o mercantiles, entre ellos las escrituras del préstamo hipotecario. La cuota es un porcentaje del importe del préstamo (en realidad, sobre la llamada responsabilidad hipotecaria), y se gestiona por parte de las comunidades autónomas. Las hay que aplican un tipo del 0,5% como País Vasco y otras como la Comunidad Valenciana que cobran el 1,5%, por cierto, el porcentaje máximo (cómo nos cuida el gobierno del Botánico)

Caos absoluto, sorpresa e incertidumbre ante el comportamiento a todas luces extraordinario, especial y nada natural, del presidente da la sala III, da que pensar y mucho su decisión insólita, argumentándola en un “giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado” como si no estuviera acostumbrado el Supremo a crear “giros” y “criterios” nuevos, no es explicable y su acción alimenta teorías de la conspiración innecesarias.

Para algunos juristas consultados al Sr. Luis María Díez-Picazo no le ha quedado más remedio que hacerlo, ya que, en su sala no midió bien las consecuencias del fallo, sobre todo en cuanto a la inseguridad jurídica creada al respecto para los intervinientes, notarios, banca, consumidores, etc.

Lo que sí queda claro ante lo acontecido es que la presión política (la devolución las tendrían que hacer las comunidades autónomas de 4 años hacia atrás, unos 2.000 millones euros) y la financiera y bancaria (cabría la posibilidad que las CCAA después del pago reclamaran a los bancos, junto a los afectados personales, que también lo harían, sin contar que algunas asociaciones de consumidores también argumentan que no habría prescripción y que todo el mundo que tenga hipoteca pudiera reclamar, de ahí los primeros datos de ayer de más 8.000.000 de afectados) parece haber funcionado, es iluso pensar que nadie se ha puesto en contacto con el presidente de la sala III para decirle “La que ha liado el pollito” .

Mientras tanto, los ciudadanos estamos perplejos, con lo que parece una justicia especial para los que más tienen, con prebendas y privilegios, y otra, curiosamente citada por el Presidente del Tribunal Supremo, el Sr. D. Carlos Lesmes, “Para los Roba Gallinas” olvidando las injusticias de los que más tienen y siendo implacable con el “Roba Gallinas”

Parece que en unos días se reunirá el pleno, esperemos se haga justicia, se mantenga el fallo y que, de una vez por todas, además de ser honrados y justos, lo parezcamos, ya que, si en una democracia como la nuestra se abre una brecha más en nuestro estado de derecho, estaremos alimentando, una vez más, a los populismos extremistas, multiplicando el hastío hacia las instituciones y manteniendo un país en estado fallido.