El independentismo, a juicio

Transcurrido más de un año desde los hechos acontecidos el 1-0, ha concluido finalmente la fase de instrucción en el Tribunal Supremo y los dieciocho procesados serán enjuiciados tras aperturarse el juicio oral. Los delitos a que se enfrentan varían en gravedad, desde la desobediencia para seis de ellos, hasta la rebelión y la malversación para Junqueras, Turull o Romeva.

¿Qué significa realmente la apertura de juicio oral? ¿Se condenará a alguien? Aunque la concepción popular al ver a un procesado en el banquillo es "algo habrá hecho", lo único que significa pasar a esta fase del proceso judicial es que ha quedado acreditada la existencia de hechos delictivos que deben ser juzgados, pero no que se vaya a condenar a todos aquellos que pasan como acusados.

Los sistemas judiciales de los países democráticos son muy garantistas; existen muy buenas razones para ello. La independencia judicial y la presunción de inocencia son sus pilares fundamentales, el primero, porque evita un uso partidista de jueces y tribunales; el segundo, porque obliga a demostrar la culpabilidad a través de un proceso con las debidas garantías. Se pueden cometer fallos, sí, pero estos mecanismos sirven para que sean los menos posibles.

El futuro estado catalán independiente, sin embargo, había sido diseñado con un sistema judicial que podía ser calificado de cualquier modo menos de independiente; la separación de poderes brillaba por su ausencia.

Pese a ello, el independentismo catalán lleva intentando deslegitimar la justicia española desde el inicio, tachando de juicio político la aplicación pura y simple de leyes preexistentes, públicas, generales y cuyas consecuencias eran conocidas y previsibles.

Hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo concedía la razón a España recientemente en relación a las multas por desobediencia durante la preparación del referendum ilegal.

Poca sorpresa ni indignación debería haber porque permanezcan presos ciertos políticos y otros huyeran cuando perdieron el delirante pulso que habían lanzado al Estado. Lo que sobra, y mucho, es chulería y la incapacidad de encarar de modo realista la situación por los independentistas; por ciertos sectores al menos, pues la "unidad" de este bloque, si alguna existió realmente, hace tiempo que saltó por los aires.

Los más realistas rebajaron su tono y comenzaron a marcar diferencias con sus antiguos socios. Muy probablemente, se contentarán con el globo sonda lanzado por Sánchez en el Congreso, según el cual el Gobierno no cree que el delito de rebelión, tal cual está tipificado ahora mismo, pueda ser aplicado a los presos independentistas, y que podría ser un anticipo de la actitud que adoptará la Abogacía del Estado.

Quizá sea una cesión prematura que únicamente sirva para dar oxígeno a los más radicales, que leerán señales de debilidad y, en lugar de ceder a su vez, seguirán enconados en sus posiciones. Aunque haya perdido fuelle, se puede reavivar en cualquier momento, sobre todo ahora que las fuerzas constitucionalistas andan a la gresca y corren el riesgo de ofuscarse y olvidar sus responsabilidades hacia todos los españoles.

La democracia implica el derecho a discrepar y aportar las propias visiones de lo que se entiende mejor para la sociedad y el país, pero existen momentos en que debiera importar más alcanzar consensos y mantenerse unidos frente a amenazas y chantajes de unos pocos, que en su momento decidieron elegir como chivo expiatorio de su mala gestión y sus propias equivocaciones al malvado Estado Central, a costa de provocar una intensa fractura social y dejar de gobernar para más de la mitad de los catalanes.

*Abogado y politólogo.