El mal negocio del Brexit

Por fin se ha llegado a un acuerdo preliminar entre la Unión Europea y Reino unido en relación al Brexit. Se trata de un discutido y polémico documento de 585 páginas, que incluye tres protocolos adicionales relativos a Gibraltar, Irlanda del Norte y Chipre. Por desgracia para Theresa May, esto no implica el fin de sus problemas, sino el comienzo de otros nuevos. Tampoco tiene visos de contentar al resto de socios comunitarios.

May logró el apoyo, al menos temporal, de sus ministros a este acuerdo, encerrándolos literalmente durante cinco horas hasta conseguir un apoyo mayoritario, que no unánime, y no demasiado convincente.

De hecho, en menos de 24 horas se ha sucedido una cascada de dimisiones de ministros descontentos, ya sea por ser euroescépticos convencidos que consideran una traición los términos del acuerdo, o fervientes europeistas que ven en el texto el peor de los panoramas.

El primero en dimitir fue el ministro para Irlanda del Norte, quien estaba a favor de la permanencia en la UE. No tardaron en seguirle el ministro para el Brexit, Dominic Raab, y EsterMcVey, ministra de Trabajo y Pensiones, ambos euroescépticos convencidos. Raab no ve con buenos ojos el acuerdo del régimen regulatorio que se establece para Irlanda del Norte, considerando que puede afectar a la integridad territorial de Reino Unido. Pero la Premier británica no se enfrenta únicamente a serias resistencias al interno de su partido, sino también por la oposición en bloque.

En Europa el texto adoptado gusta tan poco o menos que en Reino Unido por varias razones. Por un lado, los representantes europeos se quejan de no haber tenido tiempo para consultar detenidamente el texto ni plantear sus objeciones; por otro lado, una lectura rápida del texto arroja ya la impresión de que beneficia demasiado a los británicos, además de generar, como en el caso de España o Irlanda, serias dudas sobre cuestiones tan espinosas como el estatus y las relaciones con Irlanda del Norte y Gibraltar. En este último punto, el protocolo ya señala que nada influye en las posiciones de Reino Unido y España sobre la soberanía y jurisdicción de Gibraltar.

Ni los partidarios de la permanencia, ni los del Brexit duro o blando, ni el resto de Europa respaldan con estusiasmo un acuerdo que llega cuando no queda tiempo para realizar grandes cambios y la única opción que queda, a falta del mismo, es encontrarse navegando solo por el proceloso mar de las relaciones internacionales, teniendo menos capacidad de negociación y peso específico a la hora de renegociar cientos de acuerdos.

Con el texto actual en mano, Reino Unido deberá pagar a la UE al menos 50.000 millones de euros por diferentes conceptos

Estamos ante una crisis que se podría haber evitado, desde el lado británico, toda vez que desde la Unión siempre se defendió la conveniencia de la permanencia, si los partidarios del Brexit hubiesen sido realistas, honestos y coherentes; y sus votantes hubieran buscado en google las consecuencias de la salida antes de votar. Si buscaban volver a la grandeza del Imperio Británico alabado por Kipling, se han equivocado.

Con el texto actual en mano, Reino Unido deberá pagar a la UE al menos 50.000 millones de euros por diferentes conceptos, se verá sometido a la legislación y jurisdicción comunitaria durante el periodo de transición que establece el acuerdo, y que puede ser prolongado, además de tener todavía que aportar dinero al presupuesto de la Unión. Todo ello, además, con una brutal incertidumbre, pues ni siquiera está garantizado que prospere, vista la oposición general.

Gran negocio han hecho los partidarios del Brexit.

*Abogado y politólogo.