Tres de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad

“La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas” (Resolución 47/3 de la Asamblea General de Naciones Unidas).

Además, la discapacidad ya se considera una cuestión de derechos humanos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Las personas están discapacitadas por la sociedad en la que viven, no solo por sus cuerpos”.

Los datos a nivel global siguen sobrecogiendo:

—La población mundial actual es de siete mil millones de personas.

—Más de mil millones sufre algún tipo de discapacidad (una de cada siete personas; 15% de la población). Los promedios de personas con discapacidad están creciendo debido al envejecimiento de la población y al aumento de las enfermedades crónicas a escala mundial.

—Unos ciento noventa millones tienen problemas de movilidad extrema.

—Los países pobres y del tercer mundo tienen una mayor tasa de discapacidades que los países del primer mundo.

—Más de cien millones de discapacitados son niños.

—Las personas con discapacidad son más a menudo víctimas de violencia. Lo niños con discapacidad tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de algún acto violento. La misma proporción que los adultos con problemas mentales.

—Las mujeres representan el 60% de las personas con discapacidad. Esto es, alrededor de seiscientos millones en todo el mundo.

—Una de cada tres mujeres con discapacidad sufre violencia de género (31%) más del doble que las mujeres sin discapacidad (12%)

—El 80% de las personas con discapacidad vive en países en desarrollo.

—El 50% de las personas con discapacidad no tiene acceso a la sanidad.

—Las tasas de desempleo son mayores en las personas con discapacidad. También sus salarios son claramente inferiores.

—Las personas con discapacidad son más vulnerables a la pobreza y viven en peores condiciones. Deficiente alimentación, viviendas precarias y no accesibles, mal acceso al agua potable y al saneamiento, en muchas ocasiones debido a los costos adicionales que supone su acondicionamiento; los gastos en atención médica, dispositivos de ayuda y de asistencia personal, depender de otras personas o de pensiones, generalmente escasas o inexistentes. Todo ello conduce asiduamente a la precariedad.

Es indudable que el mundo debe de reaccionar ante una cuestión casi siempre injusta y dolorosa. Son necesarias medidas reales para paliar un problema creciente

Es indudable que el mundo debe de reaccionar ante una cuestión casi siempre injusta y dolorosa. Son necesarias medidas reales para paliar un problema creciente, la fragilidad y la falta de recursos con que han de vivir una buena parte de las personas que habitan el planeta. Los obstáculos discapacitantes se pueden superar.

Los gobiernos deberían concienciarse que se ha de invertir en programas específicos para personas con discapacidad; adoptar estrategias y planes de acción nacionales; mejorar la educación, formación y contratación de personal; proporcionar financiaciones adecuadas; aumentar la conciencia pública y la comprensión de las discapacidades; fortalecer la investigación y garantizar la participación de las personas con discapacidad en la aplicación de políticas y programas.

En España, el último censo oficial sobre personas con discapacidad indica que hay 3,84 millones de personas con alguna discapacidad reconocida. Se trata de la encuesta “Discapacidad, Autonomía Personas y situaciones de Dependencia” del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado en 2008 con datos de 2007. En aquel momento las personas con discapacidad suponían un 8,5% de la población. Esta encuesta se realiza cada diez años y sus datos posiblemente estén algo desfasados. No debería, pues, tardar mucho en salir una nueva con datos actualizados. De momento es la que existe.

El estudio indicaba igualmente que 2,3 millones de mujeres afirmaban tener alguna discapacidad, frente a 1,55 millones de hombres. También reflejaba que en 3,3 millones de hogares españoles residía al menos una persona con discapacidad, lo que suponía un 20 por ciento, y que en 608.000 hogares la persona con discapacidad vivía sola.

Todos estos son datos que colocados uno tras de otro siempre quedan algo fríos. Los números no sienten, aunque es indudable que citan la realidad. La esperanza de vida cada vez mayor, con el inevitable envejecimiento de la población, los accidentes de tráfico, las enfermedades derivadas y crónicas indica que el número de personas con discapacidad y dependientes crece día a día, con sus desalientos y sus problemas.

Es esta ya una cuestión social de primer orden, aunque silenciosa y callada, como la naturaleza de quienes la sufren. En cualquier caso los gobiernos parecen vivir de espaldas a esta situación. Como si no desearan verla, limitándose, al menos en nuestro país, a usarla para su propio interés como moneda electoral.

Ahí está el descaro con la Ley de Dependencia. Una ley que nunca han permitido que terminase de arrancar con la fuerza que debería; que en los años de gobierno de Mariano Rajoy sufrió un hachazo de recortes tremendo; una ley que debería ser fundamental en un país que se dice democrático y social.

Así pues, la realidad sigue golpeando dura y tenaz:

Son los desahucios, y lo habitual que ancianos y personas con discapacidad sean los perjudicados por las penurias con que viven. Es terrible y denigrante que se eche a las familias de sus casas, obviando jueces, autoridades y bancos un derecho fundamental recogido en la propia Constitución como es el derecho a la vivienda.

Las pensiones, contributivas y no contributivas, sobre todo estas últimas, tan exiguas, suponen condenas a la precariedad por haber nacido o sufrido el estigma de una discapacidad.

Están las evaluaciones de los centros de valoración, injustas tantas veces. La intransigencia a reconocer jubilaciones anticipadas en cuerpos agarrotados y exhaustos por aquellas mismas engañosas viejas valoraciones. Las pensiones, contributivas y no contributivas, sobre todo estas últimas, tan exiguas, condenas a la precariedad por haber nacido o sufrido el estigma de una discapacidad.

La accesibilidad de las ciudades; bordillos y escalones, comercios y centros públicos inaccesibles, trenes y autobuses sin rampas o averiadas con sospechosa asiduidad; semáforos mudos y medios audiovisuales que no acogen a quienes viven el silencio.

Y es la prisión que para muchas personas con movilidad reducida suponen sus propios hogares. Como Miguel Ángel Galán, prisionero en su propia casa.

Pero la gente ya no desea callar. Las redes sociales bullen.

El pasado 28 de noviembre, Cocemfe, organizó concentraciones en numerosas ciudades de toda España bajo el lema “Mi casa no es mi cárcel”. Denunciar que hay personas que viven atrapadas en sus domicilios, sin apenas posibilidad de salir a la calle por falta del acondicionamiento necesario, como un ascensor, por insolidaridad en muchas ocasiones, por las trabas que pone la Ley de Propiedad Horizontal para acometerlas y por la falta de ayudas.

Es necesario recordar que desde el pasado 4 de diciembre de 2017 es obligatorio por ley que todos los productos, entornos, locales y servicios sean accesibles para todas las personas.

He de terminar. Confieso que en general no me gustan demasiado los denominados “Día de…”, a veces desprenden ese aire como de fiesta, pero al menos es de esperar que sirva para salir, aunque sea por unas horas, de la invisibilidad, ese manto de silencio que habitualmente nos envuelve a las personas con discapacidad.

* Autor de Sueños de Escayola.

Nota: Este artículo está basado en datos e informes de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud (Informe Mundial sobre la Discapacidad, 2011) y de la encuesta “Discapacidad, Autonomía Personas y situaciones de Dependencia” del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2007.