Electoralmente incomprensible

Dirigentes valencianos de Ciudadanos no salen de su asombro por la orden de no votar la reforma del Estatut en el Congreso. La decisión sitúa a Ciudadanos y Vox como las opciones menos autonomistas del espectro.

Ya de entrada chirría que Ciudadanos, cuando todos los partidos eligen portavoces valencianos para defender la reforma en la Comisión Constitucional del Congreso, designe a un asturiano. Ignacio Prendes va a pasar a la pequeña historia de la política valenciana por calificar el Estatut al que su partido había dado luz verde en su tramitación en Corts de “jurídicamente inaprobable, políticamente intrascendente y económicamente inviable”. Por esta actitud, electoralmente incomprensible, Prendes arrastra a Ciudadanos en la Comunidad Valenciana al mismo punto de partida para las Autonómicas valencianas que Vox -el partido con quien no quiere roces en Andalucía-, la recentralización. Con matices, claro.

Ciudadanos firmó las dos declaraciones institucionales unánimes de Les Corts de 2017 en apoyo de la modificación de 2011 de la reforma estatutaria de 2006 que introduce la llama Cláusula Camps. Dicha cláusula persigue que el Gobierno tenga en cuenta el peso poblacional valenciano a la hora de repartir inversiones en los Presupuestos Generales del Estado. Originalmente se pretendía que la cláusula fuera una disposición adicional al Estatut, y que obligara al Estado. Ahora se plantea como parte de un artículo (para evitar tener que convocar referéndum) y como germen de una comisión paritaria que será quien decida las inversiones.

En el Congreso, Ciudadanos apoyó desbloquear la iniciativa hace escasamente un mes, tras conseguir la introducción también de una enmienda que garantiza el cumplimiento del artículo 138 de la Constitución, el que habla de que no haya privilegios entre territorios. Pero nada, a la hora de la verdad los de Albert Rivera se han echado atrás, y finalmente han optado por la abstención en la Comisión Constitucional. Una vez más los valencianos nos presentamos en Madrid desunidos, lo que no impedirá la aprobación de la reforma por amplia mayoría en los plenos correspondientes de Congreso y Senado, si Pedro Sánchez no convoca antes Elecciones Generales. Los diputados autonómicos de Ciudadanos no sabían dónde esconderse tras el espectáculo.

La negativa de esta semana se fundamentaba, según el comunicado justificativo de Ciudadanos, en que los partidos que apoyan esta reforma se han alineado con el “separatismo” por pretender que una comunidad pueda predeterminar las inversiones del Estado. ¡Incluido el PP de Isabel Bonig y el de Francisco Camps, impulsor de la reforma! Los naranjas añadían que “esta reforma no servirá de nada porque el Tribunal Constitucional ha dicho ya que es inaplicable y copia lo peor del separatismo”, y que hay que “reunir la Conferencia de Presidentes y abordar la reforma del sistema de financiación, que es urgente para la Comunidad Valenciana”.

Ahí los que no salían de su asombro eran los de los demás partidos, porque la financiación no es objeto de la reforma de marras, sino las inversiones del Estado. Además, lo que dijo el TC en un caso similar que afectaba a Cataluña era que este tipo de cláusulas son simples declaraciones políticas … hasta que un eventual acuerdo Gobierno-Comunidad en comisión bilateral la transforme en un acto administrativo, momento en que ya tendría validez jurídica.

La decisión de Ciudadanos de desmarcarse del consenso alcanzado trabajosamente en Valencia desautoriza a sus diputados autonómicos, que tendrán ahora más difícil explicar por qué la suya es la opción menos autonomista, junto con la del emergente Vox, del panorama político valenciano. Con estos postulados Toni Cantó luchará por llegar a la presidencia de la Generalitat.