Camps, Gürtel multiplicado por cinco

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por el contrato a Orange Market, empresa de la trama Gürtel, para la instalación del stand de la comunidad en Fitur en el año 2009.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la citación de Camps en calidad de investigado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración, "sin perjuicio de que pudiera resultar su participación criminal en la adjudicación y/o pago de otras contrataciones irregulares objeto de la presente pieza separa 5 que no hubieran prescrito".

El auto del magistrado no indica ninguna fecha en concreto por el momento para la citación, y explica que la convocatoria del expresidente a la Audiencia Nacional se señalará en función de las disponibilidades de agenda del juzgado. La razón por la que De la Mata ha decidido emitir este auto sin poner fecha es porque los delitos que se imputan a Camps iban a prescribir el próximo 31 de diciembre.

Esta es la quinta investigación que se abre contra Camps en relación con la trama Gürtel. En la primera, la llamada causa de los trajes, fue absuelto por un jurado popular, si bien después se han ido incoando otras diligencias que aún están en fase de instrucción: dos juzgados valencianos le investigan por la celebración de la Fórmula 1 (uno por los contratos y otro por la construcción del circuito); en otro está imputado por la fundación que organizó la visita del Papa en 2006; y ahora esta pieza 5 de la Gürtel en la Audiencia Nacional.

De la Mata ha acordado esta diligencia tras la reapertura de esta pieza por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a raíz de las revelaciones que hicieron Ricardo Costa, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'el Bigotes', en el juicio por la financiación ilegal de las campañas electorales del PP en la Comunitat Valenciana que se celebró a principios de año.

En su opinión, resulta razonable y pertinente dirigir la investigación contra Camps a fin de determinar si está incluido entre las "primeras autoridades" que "pudieron participar de modo decisorio en la adjudicación aparentemente irregular del stand de grandes eventos de Fitur 2009 y si esta adjudicación pudo ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el PP en la Comunitat Valenciana que estaban pendientes de cobro".

En su resolución, De la Mata acuerda también tomar declaración como investigados al líder de la Gürtel, Francisco Correa; el 'número dos' de la trama, Pablo Crespo; el exresponsable de Orange Market Álvaro Pérez; el exgerente de esta empresa Cándido Herrero; y a la ex directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars.

También ordena la citación de varios testigos, entre ellos el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, que fue el que reveló en el juicio de la financiación irregular que este partido se financió con dinero negro y que era Camps el que ordenaba adjudicar los contratos públicos a las empresas de la Gürtel. Como en el caso de Camps, ninguna de estas citaciones tiene fecha por el momento.

La versión de Camps

El abogado de Francisco Camps ha anunciado recurso por “falta de rigor jurídico y fáctico”. Pablo Delgado asegura que “no hay un hecho concreto ni un fundamento jurídico que sostenga está imputación. La fiscal anticorrupción Myriam Segura, al igual que ocurriera con la causa de los Trajes que nunca determinó, ahora intenta de la misma manera, tal y como refiere el Auto del Instructor Sr de la Mata, imputar al Sr. Camps hechos que nadie ha referido en diez años de instrucción”. Porque según Delgado, “no hay una sola declaración que relacione a Camps ni directa ni indirectamente con adjudicación alguna”.

El abogado de Camps añade que “desde el comienzo del proceso llamado "Gürtel", la Fiscales Myriam Segura y Concepción Sabadell intentaron que el Juez que instruyó la causa de los trajes imputara a Francisco Camps en esta causa sobre adjudicaciones a la mercantil Orange Market. Tal pretensión también la llevaron a la Sala del TSJ Comunidad Valenciana. El Juez Instructor rechazó en cuatro autos tal pretensión, Autos de 29 de mayo, del 6 de junio, del 14 de julio y del 16 de julio de 2009. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó igualmente tal pretensión mediante los Autos de 19 de junio de 2009 y mediante los autos del 25 de mayo y del 4 de julio de 2011. La defensa de Francisco Camps entiende que esta cuestión está cerrada jurídicamente.

“Asímismo, el día 26 de mayo de 2009, 37 altos cargos de la Administración Autonómica, entre los que se incluyen algunos de los que pueden ser llamados a declarar en esta nueva petición de la Fiscalía Anticorrupción, negaron recibir instrucción alguna en las contrataciones realizadas a preguntas de las fiscales anticorrupción reseñadas y del Juez Instructor. En el Juicio Oral celebrado con motivo del asunto de los trajes todos los testigos, altos cargos de la Administración Autonómica, volvieron a negar recibir instrucción alguna para las adjudicaciones realizadas. Ninguna de las personas llamadas como testigos o imputados en esta excepción procesal a Camps ha dicho, indicado, apuntado, ni someramente referido que haya recibido encargo alguno para adjudicar tales stands a aquella mercantil”.

“Añadir que consta en las actuaciones que la Abogacía de la Generalitat realizó en el año 2009 un informe sobre cada uno de los contratos a esta mercantil y a otras relacionadas con la misma justificando la legalidad del procedimiento, y en su consecuencia el correcto actuar de los funcionarios intervinientes y de sus superiores, que han soportado en la causa las indebidas dilaciones de un procedimiento que se prolonga más de nueve años”.

“Por último, la fiscal anticorrupción Dña. Myriam Segura interrogó como testigo a Francisco Camps en el reciente Juicio Oral sobre la financiación de las Campañas electorales, ya realizadas las declaraciones delos Srs Costa, Pérez, Correa y Crespo, sin que por el Juzgador se dedujera de lo actuado testimonio para aperturar causa o advirtiera la posible comisión de irregularidad alguna en orden penal sobre los particulares que ahora pretende reabrir”, concluye Pablo Delgado.