Educación siembra el desconcierto al plantear un adelanto de las oposiciones

La Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà ha anticipado un posible adelante de las próximas oposiciones docentes. Este anuncio, que todavía tendría que materializarse en negociación en próximas reuniones de Mesa Sectorial de Educación y fijarse en la convocatoria cuando salga publicada, tiene un efecto directo en alrededor de 50.000 personas que podrían aspirar a las 4.621 plazas docentes en liza.

Las oposiciones comienzan tradicionalmente a finales de junio y se prolongan hasta mitad de julio. El anticipo de Conselleria supodría que empezaran el sábado 1 de junio, casi un mes antes de lo habitual. Si la Administración lo ratifica en Mesa Sectorial podría publicar la convocatoria entre febrero y marzo (en ocasiones ha llegado a salir en abril), lo que supondría oficializar la decisión un trimestre antes del inicio de las pruebas.

Este anuncio de adelantar la celebración de la oposición provoca controversia en el colectivo docente. Tener casi un mes más para estudiar y para preparar la programación a defender constituye una diferencia sustancial en pruebas de este nivel, con un amplio temario para memorizar y con numerosos docentes que han de compaginar esos estudios con su vida laboral, en muchos casos como funcionarios interinos.

En cambio, contar con un mes menos, como supondría la decisión de Conselleria, rompería con una preparación que exige de una planificación mensual y que obliga a entregar una programación a defender que, en muchas ocasiones, se cierra la semana anterior.

Ese restar días en la preparación afecta también a academias y a formadores particulares, que dosifican sus sesiones pensando que las pruebas comenzarán a finales de junio (el 26 empezaron las del año pasado), ya que se verían obligados a acelerar ese procedimiento o a saltarse temas que, por otra parte, los propios opositores tampoco llegarían a tiempo de estudiar.

Del mismo modo, podría afectar a la disponibilidad de aulas en los centros donde se realizan las pruebas, que a principios de junio están con exámenes finales y en plena ebullición de conclusión de curso. La propuesta anticipada por la Administración podría limitarse a que las pruebas se realizarán en fines de semana (1 y 2 de junio, 8 y 9 de junio), por lo menos la teórica. No obstante, quedaría todo circunscrito a esa convocatoria de oposiciones que saldría publicada dos o tres meses antes del inicio de los exámenes.

Otro efecto tendría lugar en la presentación de méritos. Normalmente pueden entregarse cursos realizados antes del inicio de las pruebas. En muchos casos, como en la Escuela Oficial de Idiomas, los exámenes de esos cursos se desarrollan a principios de junio, antes de que tradicionalmente se inicien las oposiciones. Si estas se adelantan, quienes tengan pensado aportar méritos acumulados hasta mitad de junio ya no podrían hacerlo.

El pasado año hubo numerosas quejas por la falta de tiempo para corregir las pruebas por parte de los tribunales, ya que la ratio salía a unos 80 opositores por tribunal. Los principales sindicatos reclamaron soluciones. Entre ellas destacaba la de constituir más tribunales y, por tanto, reducir el número de opositores por cada uno de ellos. La propuesta de la Administración no va por esa vía, sino que se centrarían en ampliar los días destinados a cada prueba (teórica, práctica y programación). Por tanto, no respondería a las inquietudes recabadas por agentes sociales.

En cualquier caso, ese anuncio de anticipo provoca, ocurra lo que ocurra al final, un incremento de la incertidumbre entre las personas que aspiran a las plazas de funcionario y que necesitan de la máxima concentración, tranquilidad y tiempo. En la práctica, supondría cambiar una de las reglas fundamentales en un examen, la de convocarlo con tiempo, de manera inesperada y con un margen bastante reducido respecto a la celebración de la prueba.