La "Abogacía de Puig" alimenta la teoría de conspiración política contra Camps

La denuncia de la Fórmula 1 contra el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tuvo un inicio político y sigue por el mismo camino. Cuatro años y medio después de que los diputados socialistas (Antonio Torres, Carmen Ninet, Eva Martínez, Francisco Toledo y Rafael Rubio) se personaran como acusación popular en la causa, ahora es la Abogacía de la Generalitat la que intenta mantener vivo el proceso tras el carpetazo provisional dado por la instructora con el visto bueno del fiscal anticorrupción.

La juez justifica el sobreseimiento al no existir "indicios suficientes para formular una acusación fundada en derecho". En el mismo auto, subraya que los informes emitidos por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal "aunque amplios, no llegan a establecer, al menos con garantías" la acusación por los delitos de malversación y prevaricación que han defiendido los socialistas y, con posterioridad, Mónica Oltra y Fran Ferri, ambos de Compromís.

Sin embargo, la Abogacía de la Generalitat no participa del auto de 26 dciembre y solicita que continúe la investigación, que se una a otras diligencias también sobre la Fórmula 1 y que se tome declaración como investigados a Camps y a Belén Reyero, asesora entonces del presidente y encargada de eventos en la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana.

La Abogacía subraya que el recurso tiene argumentos estrictamente técnicos y en defensa del interés público. Considera que los hechos evidencian cómo se comprometió todo el sector público autonómico en un negocio que ·se sabía ruinoso desde el inicio" y para el que se eludieron "deliberadamente los controles más rigurosos" de la Administración autonómica, interponiendo sociedades mercantiles públicas, sobre cuyos actos y decisiones no existió ningún control o fiscalización ni de la Intervención de la Generalitat ni de la Abogacía de la Generalitat.

La defensa de Camps alega que el sistema utilizado en la organización de la Fórmula 1 es similar al que el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha llevado acabo en la organización de la Volvo Ocean Race con el visto bueno dela Abogacía.

Lo cierto es que hasta el momento Camps ha salido bien librado de cuantas acusaciones iniciaron los socialistas contra él: Absuelto en el de los trajes. En el caso Noós no fue finalmente imputado. Y, ahora, la juez pide el sobreseimiento en una de las piezas del a Fórmula 1. Quedan, no obstante, otras tres causas, promovidas por los partidos que ahora forman el gobierno del Botànic

El ex presidente siempre ha mantenido ser objeto de una persecución política por los "socialistas" y por los que, según sus palabras, "apoyan a los independentistas", en referencia a Compromís. Y reitera que el evento del a F-1 tuvo un decreto de interés general aprobado por el Consell y validado por el Consejo Jurídico Consultivo (incluidos los representantes del PSPV) y por la Abogacía de la Generalitat. Este es el mismo organismo, ahora bajo la dependencia de Puig, que se opone al carpetazo de la juez.