El PP pide la dimisión de Bravo por las obras del TSJ y Puig sale en su defensa

La portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, ha señalado hoy que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, “no puede seguir un minuto más por la impericia, la obcecación, no escuchar, mentir a la opinión pública y ocultar datos” sobre la adjudicación de las obras del TSJ a la empresa Tragsa. Así, ha afirmado que desde el PPCV “pedimos su dimisión inmediata”.

La diputada popular ha señalado que el Gobierno valenciano “no es el Consell del Botànic, es el Consell del varapalo jurídico. Una tras otra llegan las resoluciones judiciales que dicen que este Consell gestiona de forma continuada de forma contraria a la legalidad”. “

Ferrer San-Segundo ha criticado la respuesta de la consellera tras conocerse ayer que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la adjudicación por parte de la Conselleria de Justicia a la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa) para la redacción de proyecto y ejecución de las obras en el TSJCV, en diciembre de 2018 tras haber quedado desierta la convocatoria de marzo al cuestionar la eficacia, eficiencia y urgencia de esta decisión.

“Bravo tiene conocimientos jurídicos, pero ha hecho una lectura que no se corresponde con la realidad. La resolución dice que no se ha justificado que haya una causa para contratar de esta forma directa con Tragsa, y debía haberse hecho, ya que de otra forma se infringe la clara competencia. Lo que se ha hecho es sacar a licitación solo el proyecto por 645.000 euros y aprovechando que se declara desierto se adjudica por la vía de la encomienda a Tragsa de 25 millones de euros, sin pasar por la casilla de salida, así que se adjudica el proyecto y también la obra”, ha explicado.

La diputada ha señalado que incluso si la encomienda se quisiera justificar por razón de emergencia, “también hay un proceso para licitaciones públicas por la vía de emergencia”. Además, Ferrer San-Segundo ha señalado que la resolución “dice que lo sí debería haberse hecho es resolver cuestiones de emergencia de mantenimiento” y ha desvelado que se ha caído un falso techo de una sala de lo Civil y Penal, “que ha obligado a cerrar un pasillo, y eso no se ha contado. En cuatro años la Conselleria debía haber mantenido el estado de las instalaciones y no se ha hecho”, ha criticado.

“La tercera cuestión de la resolución dice que no solo no se justifica porque han adjudicado la obra así, sino que además no se corresponde con el objeto social de Tragsa”, ha indicado. La portavoz de Justicia del GPP ha explicado que la Conselleria de Justicia “ha estado sistemáticamente adjudicando a Tragsa obras durante 2018 y 2019, con lo que serían cerca de 30 millones de euros. Y si el tribunal dice que la adjudicación a Tragsa de las obras del TSJ es ilegal y no puede hacerse, tampoco podrían hacerse las otras”.

Ferrer San-Segundo ha recordado que ya advirtió de que “esta situación podía pasar”. “El problema es que ha sido también un clamor en el sector, se presentó el recurso y la Cámara de Contratistas pidió una reunión con el President Puig, la consellera Bravo y el conseller Soler y no les recibieron. El Botànic vive de espaldas al derecho pero también de espaldas a la sociedad”.

“Bravo ha cometido una grave irregularidad en la gestión, no puede mantenerse en el cargo. No ha escuchado advertencias serias, fundamentadas y razonadas. La resolución está muy fundamentada y anula íntegramente la encomienda de gestión. Bravo además está mintiendo cuando dice que aquí no pasa nada y se va a resolver pronto”, ha concluido.

Ximo Puig y Mónica Oltra cierran filas con la consellera

Pues el presidente y la vicepresidenta han suscrito la tesis de Bravo. Ximo Puig, ha subrayado este viernes que "no hay ningún tipo de problema" en la contratación de las obras de adecuación funcional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y que el proyecto sigue y "no se para", pues ha recordado el estado "absolutamente lamentable" de las instalaciones.

Puig ha explicado que "no hay ninguna cuestión de carácter judicial y que se trata de una contratación con una empresa publica". "No hay ningún tipo de problema en principio", ha recalcado.

Actualmente está en marcha el proyecto y "después cuando se acabe se hará la licitación y el concurso para la obra". "No hay ningún tipo de problema", ha reiterado. Puig ha garantizado que "se volverá a hacer un concurso para la obra" y que "no se para el proyecto".

En cualquier caso, ha recordado que "el TSJ está en unas condiciones absolutamente lamentables" y ha hecho hincapié en que la Generalitat hizo una contratación "con absoluta transparencia". "Se presentaron dos empresas, la mesa de contratación descartó a una y la otra se retiró", ha detallado.

Ha insistido así en que el proceso se llevó a cabo "con total normalidad y legalidad". "La oposición está, tristemente, con pocas energías para recurrir a cuestiones que no tienen que ver con ningún tipo de problema", ha zanjado.

En la misma línea, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha explicado este viernes que Tragsa continuará con la redacción del proyecto de las obras de adecuación funcional del TSJCV y el Consell licitará después la obra en sí.

Oltra ha destacado que hubo una licitación que "se alargó bastante en el tiempo" y que finalmente quedó desierta, por lo que se optó por una encomienda a Tragsa, no una adjudicación dado que es un medio propio de la Generalitat, y teniendo en cuenta que "esta empresa había hecho obras similares en otras comunidades", como la restauración del Tribunal de Cuentas en Madrid.

La resolución, ha destacado, "no es firme aún" y no implica la suspensión cautelar del proyecto. Preguntada sobre la petición del PPCV de que se asuman responsabilidades políticas y el cese de la consellera del ramo, Gabriela Bravo, ha preguntado "qué deberían hacer ellos" porque "no se han caracterizado precisamente por su diligencia a la hora de gobernar".