Cerco al pancatalanismo con una denuncia por presunta malversación

La denuncia que Toni Cantó, Fernando Giner los diputados catalanes Matías Alonso y Sonia Sierra han llevado a Fiscalía recoge que la Generalitat de Catalunya ha concedido a Acció Cultural del País Valencià y a la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster un montante de 6.635.812,62 euros en subvenciones directas y sin concurrencia pública desde al menos 2008.

Ambas son asociaciones privadas. El dinero que han recibido se ha destinado en buena medida a la adquisición y rehabilitación del edificio que ocupa el Centro Octubre de Cultura Contemporánea en el inmueble situado en la calle San Fernando número 12 de Valencia, de casi 3.000 metros cuadrados construidos “fuera del territorio de las competencias autonómicas” de la Generalitat de Catalunya, como destacan los denunciantes.

Los dirigentes de Ciudadanos argumentan que no hay causa de interés público alguno en dichas subvenciones, y señalan que los departamentos de Presidencia de los sucesivos Govern han pretendido amparar todas esas subvenciones directas y sin concurrencia en “la especificidad de la actividad a desarrollar y por razones de interés público” sin que medie a su entender “elemento acreditativo de prueba sobre estos extremos”. Y más cuando “en el ámbito cultural, las subvenciones de la Generalitat suelen caracterizarse precisamente por ser subvenciones de concurrencia competitiva”.

Precisamente en cuanto a la posible promoción de la actividad cultural de estas asociaciones privadas, los denunciantes se preguntan “incluso en el caso de que se aceptase que la causa alegada de una subvención para la compra de una sede social de una asociación privada fuese las específicas actividades culturales que desempeña, ¿cómo se explicaría que por idéntico concepto también se otorgan las ingentes subvenciones” que detallan en su escrito a Fiscalía.

Cantó, Giner y Alonso consideran que hay un “evidente perjuicio del patrimonio público de la Generalitat catalana con la directa concesión de estas subvenciones puesto que, con sus decisiones no solamente permite el disfrute actual de la propiedad del inmueble por un privado como ACPV, facultades de uso, disfrute y disposición incluidas, sino que está asegurándole la integración en su patrimonio futuro sin carga ni gravamen hipotecario alguno” ya que “la Generalitat lleva asumiendo los pasivos que facilitan la condición de titular del Acció Cultural del País Valencià desde la propia compraventa del inmueble”, por lo que consideran que estamos ante “una auténtica donación de dinero público a privados por la vía de una subvención. Subvención que se concede siempre en el importe que sea necesaria para la íntegra y total asunción de las deudas de ACPV con otros privados”.

“En este sentido -concluyen los denunciantes-, estaríamos ante una malversación de patrimonio pública encubierta o disimulada por la vía de dar una aparente pero improcedente cobertura jurídica con un supuesto expediente de subvención directa debido a una simulada imposibilidad objetiva de promover la concurrencia competitiva en la concesión de tan ingentes subvenciones. Dicha malversación se basaría en la injustificada anteposición de los intereses particulares de ACPV a los intereses generales que en toda su actuación debe guiar tanto a la Administración que del mismo depende como del Govern de la Generalitat”.