Desaceleración económica versus viernes sociales

En los últimos tiempos, organismos de toda solvencia vienen advirtiendo de la progresiva desaceleración económica en la que se encuentra inmerso nuestro país. Y ello fundamentalmente por dos motivos: por el frenazo de la economía mundial (sobre todo a nivel europeo), y por el menor crecimiento del consumo interno.

Así, el crecimiento del PIB que en 2017 era del 3%, en 2018 lo hizo al 2,5%, y -según aventura el Banco de España- en 2019 continuará desacelerándose hasta el 2,2%. Y por no hablar del empleo –el gran problema estructural de la economía española- cuyas previsiones no son más halagüeñas. En este sentido, frente al crecimiento del 2,5% en el ejercicio anterior, las previsiones del citado organismo lo sitúan en el 1,6% para el presente año.

Lo cierto es que las fases de desaceleración económica son inherentes a todo sistema económico, como también lo son las de crecimiento o recesión, y a priori no cabría alarmarse más de la cuenta por ello.

Pero el problema radica en que nuestro país resulta especialmente sensible a esta nueva situación, entre otras causas debido al excesivo déficit público acumulado, que a final del pasado año todavía se situaba en el 96,9% del PIB.

Lo que debería esperarse de cualquier Gobierno ante esta nueva situación es la puesta en marcha de un plan de choque que mitigue sus consecuencias. Y en este sentido, resulta de vital importancia aprovechar que nuestra economía -pese a la citada desaceleración- continúa creciendo para reducir considerablemente tanto el déficit, como la deuda pública, y así estar mejor preparados para el nuevo ciclo económico que nos asoma.

Pero frente a ello lo que nos estamos encontrado es con un Gobierno que viernes tras viernes aprueba nuevas medidas sociales, lo cual está muy bien, pero que luego -como también advierte el Banco de España- habrá que pagar a costa de las maltrechas arcas públicas.

El aumento de la protección social de sus ciudadanos debe ser una de las grandes prioridades de cualquier país, pero empeñarse por interés electoral en ir más rápido de lo que la situación de las arcas públicas lo permitan en cada momento, resulta claramente irresponsable, y probablemente acabe conllevando un aumento de la presión fiscal de autónomos, empresas y particulares. Y ello en la actual coyuntura, sería claramente contraproducente para la competitividad de nuestro tejido productivo.

*Presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Valenciana (ATA)