Oltra incumple la ley con los menores de 6 años en centros tutelados

La Ley de Protección del Menor se opone al ingreso de pequeños de hasta seis años en centros tuteares de menores "salvo en casos muy excepcionales", y con estancias "máximas de tres meses". Sin embargo, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana(el Defensor del Pueblo de la Comunitat Valenciana), José Cholbi, ha advertido de que hay 42 niños de entre cero y tres años tutelados en dichos centros y que éstos pasan más tiempo de lo permitido, pese a lo que establece la Ley.

Cholbi ha hecho pública una investigación sobre el acogimiento familiar de menores de 0 a 6 años en la Comunitat Valenciana, una cuestión que asegura que la institución examina "de manera constante" para hacer seguimiento de la atención que presta el Consell a este grupo de menores "especialmente vulnerables", según ha informado en un comunicado.

En este sentido, explica que la Ley de Protección del Menor, que entró en vigor en 2015, "se opone al ingreso de menores de 0-6 años en centros residenciales salvo en casos muy excepcionales, para los que la ley prevé estancias máximas de tres meses".

No obstante, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, cuya titular es Mónica Oltra, ha informado al Síndic que de los 508 menores de entre 0 y 6 años que tiene bajo su tutela, 76 de ellos se encuentran en acogimiento residencial. El Síndic, que reconoce el "avance" en relación con el año 2017, cuando había 96 menores de esta franja de edad en estas circunstancias, afirma que no puede aceptar esta situación.

"Si nos centramos en los menores de 0 a 3 años, cuando las niñas y niños más necesitan un ambiente familiar para un adecuado desarrollo físico, psicológico y emocional, a fecha de la emisión del informe (noviembre 2018), la Conselleria comunicaba que había 42 menores

acogidos en residencias, 25 de ellos en la provincia de Alicante y 17 en la de Valencia", describe el defensor del pueblo valenciano.

En esta línea, detalla que lo que más le "preocupa" es que el 100% de estos acogimientos residenciales "sobrepasaba el periodo máximo legal de tres meses".

De acuerdo con la Conselleria, entre los motivos de estos ingresos estarían la diversidad funcional o física del menor, la estancia con el resto de hermanos y el estudio y valoración de retorno a la familia o la permanencia con la progenitora en piso de adolescentes, situación esta última en la que se encontrarían siete de los 42 menores.

Para el Síndic, la solución "pasa por intensificar las acciones de captación, selección y formación de nuevas familias de acogida". Cholbi insiste en la necesidad de implantar el acogimiento familiar "profesionalizado", una modalidad que funciona ya en otras comunidades, en la que se entabla una relación laboral con la persona acogedora "que obligatoriamente debe tener una cualificación, experiencia y formación específica para atender adecuadamente a los

menores con diversidad funcional u otro tipo de necesidad especial".

Falta de familias de "urgencia y diagnóstico"

Otra de las demandas del Síndic para evitar los ingresos en centros residenciales pasa por garantizar que la duración de los acogimientos familiares de urgencia-diagnóstico "no supere los seis meses previstos por ley, periodo durante el cual la administración debe resolver una

medida de protección más estable para el menor".

En la actualidad, la permanencia de menores en este tipo de acogimiento "se prolonga durante un año o incluso año y medio". Para el Síndic, esta dilación "no hace más que agravar la falta de familias de urgencia-diagnóstico, cuya finalidad es intervenir de forma inmediata en el momento en que un menor (especialmente de 0-6 años) es separado de sus padres".

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