Empar Marco, 'amortizada'. Otra À Punt es posible

Los amigos no siempre dan la talla. Empar Marco no era el mejor de los candidatos a dirigir À Punt, ni por experiencia, ni por preparación, ni por disposición. Pero, con todos los políticos valencianos de primer orden colgados del móvil, y tras nueve votaciones para poder superar sorprendentemente a los otros dos finalistas, Marco fue puesta al frente de la nueva empresa.

El esquema quedaba completo: un hombre de inspiración socialista dirigiendo el Consejo Rector, Enrique Soriano (en el cargo desde finales de 2016), y una mujer que había hecho campaña por Compromís para llevar la segunda radiotelevisión valenciana (desde febrero de 2017).

Las emisiones comenzaron en junio de 2018. El contrato-programa entre Consell y Consell Valencià de Mitjans de Comunicació (CVMC), el órgano que en realidad ha de responder ante el gobierno valenciano, cumple este mes un año. Y con la renovación del Botànic en marcha parece que es hora de hacer balance.

Lo adelantó Ximo Puig en una entrevista preelectoral en El Mundo en la que le preguntaron por el modelo de À Punt: “Creo que todo el proceso es manifiestamente mejorable, sinceramente. Hubiéramos tenido que hacerlo de otra manera probablemente”. El PSPV no citaba a la mayor empresa del sector y motor de la comunicación valenciana en su programa electoral. El PP criticaba su gestión. Ciudadanos pedía su despolitización. Vox, el cierre o privatización. Sólo el bloque Compromís-Podemos apoyaba el 28A el blindaje del servicio en el Estatuto de autonomía y la superación de los “parámetros de competición privada”.

Paupérrima audiencia, insuficientes ingresos por publicidad, e irrelevancia social. No se puede pedir más. O menos.

El comentario de Puig se puede entender como un verdadero toque de corneta, porque acto seguido el pasado martes tuvo lugar la primera comisión mixta Consell-Consell Rector de la CVMC que resultó abiertamente crítica con Marco y su equipo.

Y este viernes el Consell Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación ha decidido que la comisión de evaluación "siga su curso". Dicho en plata, que el futuro de Marco, a la que ya se da por "amortizada" según fuentes de la Corporación, quedará resuelto en una nueva reunión del Consell Rector a celebrar en junio o julio, cuando las actuales turbulencias políticas hayan menguado. Se guardarán las formas, pero la suerte parece echada.

No es ni siquiera una cuestión ideológica, según dichas fuentes. Son criterios empresariales. No hay más argumento para plantear la sustitución de la directora general que el fracaso en todos los ejes de la gestión de su equipo: paupérrima audiencia, insuficientes ingresos por publicidad, e irrelevancia social. No se puede pedir más. O menos.

El seguimiento de la audiencia ronda el 2%, cuando lo esperado es que alcanzara la media de las autonómicas matizada por sus presupuestos per cápita. Ni por ésas, a pesar de la incorporación a la parrilla de L'Alqueria Blanca, una serie que refuerza la tesis de que entre À Punt y la vieja RTVV no hay tantas diferencias. La sede es la misma, y casi toda la plantilla de la nueva tele ya trabajaba en la antigua.

En cuanto a la facturación, el contrato-programa preveía que el primer año fuera de 4 millones. De momento no llega a 1. El presupuesto anual es de 55 millones, con aportaciones públicas de hasta 60 millones, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) lo ha anulado porque había sido aprobado por un órgano no competente. El ejercicio de 2018 se cerró con 48 millones de pérdidas. Y a pesar de todo eso los dirigentes de À Punt, con Marco a la cabeza, no han parado de pedir más dinero. Hasta 70 millones, para no hacer “el ridículo”.

Las campañas de promoción han sido ineficaces. Uno ve un anuncio de la tele en un autobús, y no sabe si es de cosméticos o de un estreno teatral.

El tercer factor, el de la irrelevancia del servicio, es particularmente sangrante. Ciertamente, al optar por el valenciano como lengua única, se parte de una audiencia potencial más baja de la de cualquier otro medio en los que se empleen con naturalidad, incluso con primacía no exclusiva de la lengua minorizada, los dos idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana. Comarcas enteras como la Vega Baja, Utiel-Requena, o el Alto Palancia, quedan fuera del ámbito real de acción, especialmente en el caso de la radio, que no goza del apoyo de imágenes.

Además, la programación ha resultado ser tan moderna que los principales consumidores de televisión, los mayores, no la ven. Ni siquiera sirve para revitalizar como debiera al sector audiovisual autóctono, si atendemos la queja de Ciudadanos de que la mayor parte de la producción externalizada tiene su empresa matriz fuera de la Comunidad Valenciana. Encima la parrilla no ha sido apenas divulgada. Muchos valencianos ni siquiera saben que À Punt está funcionando porque las campañas de promoción han sido ineficaces. Uno ve un anuncio de la tele en un autobús y no sabe si es de una serie, de cosméticos, o de un estreno teatral.

Un detalle no menor de la 'desfeta' es la gestión del personal, independientemente de la querella del PP recientemente admitida a trámite en relación con algunas contrataciones. La mayor parte de los empleados de la cadena ha trabajado antes en RTVV, es decir, se vio afectado por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de cierre. Que por cierto afectó a tanta gente porque algunos de los actuales responsables no quisieron aceptar un ERE parcial con recontrataciones mediante productoras que hubiera permitido evitar el cierre y tener a más gente trabajando de la que actualmente lo hace en À Punt.

Ni siquiera el nombre comercial elegido, ni su inicial grafía “À.”, invitaban al conocimiento ni al reconocimiento.

Los repescados para el nuevo proyecto tienen muchas ganas de reivindicarse profesionalmente. Pero hay pocos jóvenes en pantalla. Y eso para una televisión que quiera competir mínimamente -aunque sólo sea para cubrir gastos- es algo a tener en cuenta. Por no hablar de los vetos, que afectan a destacados referentes de la comunicación valenciana que podrían ayudar a revertir la situación. Aunque sólo fuera apareciendo ocasionalmente en las emisiones.

Es difícil de entender que la imperiosa necesidad que los valencianos teníamos de recuperar el servicio público autonómico de radiotelevisión, tras cinco años de cierre del anterior servicio, haya sido tan mal correspondida. Ni siquiera el nombre comercial elegido, ni su inicial grafía “À.”, invitaban al conocimiento ni al reconocimiento que es preciso para lo que muchos consideramos que debería ser una seña de identidad que a día de hoy está muy lejos de conseguir serlo.