Antifraude ve posible delito en un contrato de la Secretaria de Cultura de Puig

La Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana ve indicios de delito en un contrato "a dedo" que podría haber realizado la actual Secretaria Autonómica de Cultura del gobierno de Ximo Puig.

Raquel Tamarit, exalcaldesa de Sueca, -ya que no ha logrado revalidar estas pasadas elecciones municipales la Alcaldía de la localidad por Compromís-, fue nombrada como Secretaria Autonómica por el Gobierno valenciano, el pasado 21 de junio, como recompensa a haberse quedado fuera del gobierno municipal. Pero, ahora, está siendo investigada por Antifraude, después de que llegaran hace seis meses a esta agencia diversos documentos sobre un presunto 'amaño' para nombrar al gerente de aguas de una empresa pública del municipio de Sueca "sin respetar os principios de igualdad, mérito y capacidad y experiencia profesional que exige la Administración Pública", según la documentación a la que ha tenido acceso ESdiarioCV.

Raquel Tamarit era también presidenta del consejo de administración de la Entidad Pública Empresarial Aigües i Sanejament de Sueca y propuso nombrar provisionalmente, el 25 de enero de 2018, un gerente de la entidad, al estar sin cubrir la plaza desde enero del año 2013 y "ante el volumen de trabajo que tenía la empresa pública de aguas ".

La vicepresidenta del organismo, la concejala y entonces diputada de Turismo Pilar Moncho, se comprometió a respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad profesional para cubrir el puesto, "siempre y cuando para la designación del candidato, como directivo, se hubiera atendido a dichos principios, así como a su idoneidad y experiencia profesionales en relación con las competencias, cometidos y funciones que tiene asignadas en los Estatutos y, cuando además, la designación se hubiera llevado a cabo, mediante un proceso de selección que garantice la publicidad y la concurrencia". Pero, sin embargo, el funcionario que accedió de manera provisional al puesto de gerente de la empresa pública de aguas -de la que ya era trabajador- constataba en su currículum que era licenciado de Derecho y que había sido administrativo y técnico de la Generalitat Valenciana, pero no pudo acreditar ninguna experiencia como gerente o gestor en puestos de alta dirección.

Así pues las cosas, el consejo de administración de la empresa pública decidió igualmente aprobar su nombramiento provisional, a pesar de que fueron varios los representantes de la oposición que hicieron constar su desacuerdo diciendo que se podía esperar a convocar un procedimiento de selección reglado.

El pasado 3 de enero de 2019 la plaza salió a concurso y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), pero sin las bases del procedimiento, que no se hicieron efectivas hasta una semana después. Y, casualmente, entre los requisitos de méritos que se recogían en ellas estaba ser técnico del grupo A1 (como el gerente provisional nombrado), con independencia de las funciones que se realizan y sin especificar que se iba a valorar la experiencia en puestos de gerencia o alta dirección. En cambio se otorgaban 4 puntos a quien presentara un plan de gestión de la entidad, que, por cierto, el candidato elegido ya había hecho un año antes y que, incluso, pudo actualizar y mejorar, según la denuncia, con más tiempo que el resto de aspirantes que optaban al concurso.