Valencia y Alicante enfrentadas a los proyectos de sus puertos

Los gobiernos municipales de Valencia y de Alicante viven estos últimos días un enfrentamiento directo con las Autoridades Portuarias de sus respectivas ciudades. En el caso de Valencia, el Puerto proyecta una infraestructura de más de 1.000 millones de euros que duplicará su capacidad y el alcalde teme que las afecciones medioambientales sean graves. En Alicante, la instalación de seis depósitos para el almacenaje de combustible constituye el enfrentamiento entre el consistorio y la autoridad portuaria.

En el caso valenciano, el Ayuntamiento ha iniciado una batalla para que se revise la construcción de la nueva macroterminal del puerto de la capital, que duplica el espacio para los contenedores de mercancías. Según el alcalde Joan Ribó, la declaración de impacto ambiental del muelle se hizo hace doce años y los cambios introducidos a última hora exigen una nueva evaluación. También se argumenta desde el Ayuntamiento y desde sectores de Compromís y de Unides Podem del Gobierno de la Generalitat, presidida por el socialista Ximo Puig, que la lucha contra climático no era una prioridad de la agenda política en 2007. Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, defiende el proyecto pero, vistas las críticas de la ciudad y de una parte del Consell, ha derivado la decisión a los técnicos de Puertos del Estado: "Seremos absolutamente respetuosos con lo que digan", ha afirmado el antiguo consejero socialista y director del ICO.

El alcalde de Valencia ha hecho públicos estos últimos días sus recelos hacia unas obras que, salvo sorpresas de última hora, estaban a punto de adjudicarse a una filial de la naviera MSC, que explotará la terminal en régimen de concesión. Ribó, que no asistió al consejo de administración del puerto de este viernes pese a ser miembro, se apoya en un informe realizado por el secretario del Ayuntamiento, en el que se afirma que la modificación del proyecto -la línea de atraque de la terminal norte ha ampliado ahora su longitud inicial-, conlleva afecciones al entorno, a la calidad del aire y a la fauna.

Sin embargo, el dirigente portuario valenciano ha recordado que el proyecto cuenta, desde 2007, con un informe de impacto ambiental favorable, y en 2012 finalizaron las trabajos del dique. La obra se volvió a reactivar en 2015, después de su paralización por la recesión, y se han ido actualizando las obras de abrigo. La comisión técnica que evalúa la oferta presentada por MSC, que debe aprobar el consejo de administración del puerto valenciano, todavía no ha concluido el informe definitivo. "Los técnicos de Puertos del Estado nos dirán lo que tenemos que hacer", ha dicho rotundo Martínez.

El caso es que Ribó considera que el puerto sí es una infraestructura clave para la ciudad, y ha llegado a defender, tras las críticas vertidas hacia él, que el proyecto de la ampliación norte contemple el uso de trenes ferroviarios como "un nodo del Corredor Mediterráneo".

Eso sí, "personalmente", ha mostrado sus "dudas de que el acceso norte se pueda abordar a la vez que las conexiones que hacen falta en el Parc Central y la nueva estación". "Mi apoyo, por supuesto, al puerto; lo he dicho y lo reitero", ha recalcado Ribó, para después precisar que no pudo acudir al último consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) porque tenía junta de gobierno local a la misma hora y no tiene "el don de la ubicuidad". Ha defendido que "cuando se plantean unas obras que afectan a 138 hectáreas e implican prácticamente duplicar el acceso de camiones" es necesario, a su juicio, realizar una propuesta "como en el puerto de Hamburgo" y el uso de trenes ferroviarios.

Reacciones de otras formaciones políticas

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, de Compromís, dijo también hace una semana que el Consell iba a pedir al Ministerio de Transición Ecológica que aclare las dudas surgidas en relación con este proyecto de ampliación y, en concreto, si el informe de impacto ambiental de 2007 sirve para el proyecto actual. De hecho, Ximo Puig se ha mostrado favorable al proyecto mientras el tercer socio del Gobierno valenciano, Unides Podem, no esconde sus recelos hacia la obra. Su vicepresidente en el Consell, Rubén Martínez Dalmau, se ha reunido con varias entidades vecinales y ecológicas. En el seno del partido socialista también hay voces críticas con las posibles repercusiones medioambientales y sobre las playas del sur de la ciudad. La ampliación del puerto en los años ochenta ya supuso la desaparición de la playa de Nazaret de Valencia.

Puig, sigue pidiendo diálogo entre el puerto de Valencia y la ciudad para el acceso norte porque argumenta que "el puerto de Valencia es el puerto más importante del Mediterráneo y es un activo fundamental para el empleo". Mientras, otras voces críticas siguen atacando a Ribó. Entre ellas, la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET) que ha considerado "una declaración de intenciones contra una profesión que genera trabajo a unas 15.000 familias" las manifestaciones del alcalde de València y su oposición al proyecto.

También, la del portavoz de Ciudadanos en el consistorio municipal, Fernando Giner, quien ha anunciado que exigirá a Ribó que apoye al sector portuario de Valencia como motor económico y creador de empleo. "En el próximo pleno, mediante un ruego, le vamos a pedir a Ribó que actúe de forma responsable y que ponga en valor a la Autoridad Portuaria de Valencia y a todo el sector portuario de la ciudad. Queremos que aclare si todas las declaraciones que ha realizado sobre el Puerto de Valencia las ha hecho a título personal o en nombre de todo el gobierno municipal", ha explicado Giner.

Y, por supuesto, también la del partido Popular, quien a ravés de su portavoz en el grupo municipal, María José Catalá, ha ofrecido un pacto a los grupos políticos del Ayuntamiento, y en especial al PSPV, para no frenar el futuro del puerto de Valencia, ante el freno que trata de poner el alcalde Joan Ribó. Catalá ha pedido a los socios de Ribó, el grupo socialista, que se sume a su propuesta de no bloquear el futuro del puerto de Valencia. También señalado que no se puede mirar hacia otro lado “porque hay una preocupación sobre el Puerto en Valencia a nivel social y económico por el intento de bloqueo del alcalde”.

Alicante 'juzgará' los depósitos del Puerto tras elevar consultas a Medio Ambiente y Emergencias

Por lo que respecta al caso de Alicante, tal como además les avanzamos en EsDiarioCV, el Ayuntamiento de la ciudad desempeñará el papel principal a la hora de evaluar el proyecto de instalación de seis depósitos para el almacenaje de combustible en los muelles 17 y 19 de la terminal de mercancías del Puerto. Será quien autorice o desestime los permisos de obra y de actividad que necesita la empresa impulsora de los depósitos (XC Business 90 SL), para lo que podrá elevar consulta a la Conselleria de Transición Ecológica (que asume las competencias sobre medio ambiente).

Así lo aseguraron, al menos, los portavoces oficiales del departamento autonómico que coordina Mireia Mollá, al precisar que la ejecución del proyecto requiere solo de "licencia ambiental municipal", sin que resulte estrictamente necesaria la intervención de la conselleria. Eso sí, se emitirá un informe de evaluación -que no tendrá el rango de declaración de impacto ambiental- si el Ayuntamiento así lo solicita.

En cualquier caso, exista o no petición en ese sentido, según las mismas fuentes, la conselleria prestará especial atención al desarrollo del proyecto a la vista de la contestación institucional y social que generó desde que, el pasado mes de noviembre, trascendió la tramitación de la modificación sustancial de la concesión sobre los terrenos de la terminal de la que dispone la empresa Terminales Marítimas del Sureste (TMS).

En la misma línea, según precisaron portavoces de la Conselleria de Justicia, el departamento autonómico de gestión de Emergencias (ahora bajo la responsabilidad de Justicia, y no de Presidencia) tampoco tendrá que evacuar forzosamente ningún informe de valoración sobre el proyecto, a menos que se le solicite de manera expresa su evaluación a modo consultivo o que, con carácter previo, sea la Conselleria de Transición Ecológica la que sí haya considerado que el almacenaje de combustible es una actividad potencialmente peligrosa. En ese supuesto, Emergencias sí queda obligada a resolver.

Lo cierto es que, hasta ahora, el Ayuntamiento de Alicante no tiene constancia de que se haya tramitado la petición de permisos de obra y actividad por parte de TMS. Al margen del certificado de compatibilidad urbanística que se firmó en 2014, sólo ha trascendido la existencia de peticiones de información por parte de XC Business 90 y la reclamación de documentación adicional por parte de la Concejalía de Urbanismo, en la etapa en la que la competencia recaía bajo la responsabilidad del ya exedil de Guanyar, Miguel Ángel Pavón.

En esta línea, en el Ayuntamiento se desconoce igualmente si se ha producido una renuncia expresa por parte de TMS y de XC Business a desarrollar una segunda fase del proyecto para construir otros 12 depósitos adicionales, aunque fuentes oficiales del Puerto sí confirmaron que ese desestimiento sí se registró ante la Autoridad Portuaria el pasado mes de noviembre.