Las cuentas del Gobierno valenciano en "alerta roja"
Los últimos indicadores económicos no son nada halagüeños para la Comunitat Valenciana. Los impagos se acumulan y el Ministerio de Hacienda amenaza con un recorte millonario.
Gobierno del Botànic
En los últimos tres meses, la vicepresidenta Mónica Oltra acumula más de 30 millones en impagos a centros de menores, 20 millones más que el pasado mes de abril como ya denunció el Síndic de Greuges. Un nuevo dato que viene a confirmar las dificultades económicas por las que atraviesa el Gobierno valenciano.
"La Generalitat está en alerta roja. Existe un caos económico y un caos financiero", asegura el vicesecretario del PPCV, Rubén Ibañez.
Los populares ha realizado un balance del primer semestre del año y ha concluido que los datos son “aterradores” porque mientras la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido ya dos veces a la Generalitat al considerar "muy improbable" que cumpla el objetivo de estabilidad del 0,1% del PIB en 2019, se acumulan los impagos de la Administración como los que protagoniza Mónica Oltra.
Ibañez considera que el Ejecutivo del tripartito (PSPV-Compromís-Podemos) no le quedará más remedido que hacer un recorte de 1.500 millones tras la amenaza del Ministerio de Hacienda y, en este sentido, insta al presidente Ximo Puig a que, antes de irse de vacaciones, aclare en qué van a consistir los recortes que va a afectar a los valencianos.
"Este Consell sufre de una insolvencia crónica, lo que ha obligado al conseller de Hacienda a dar un toque de queda y obligar a las consellerias a cerrar el ejercicio después del verano, lo que se traduce en parálisis, menos Sanidad, menos Dependencia y menos servicios sociales”. Esto va a suponer, ha añadido, que el último trimestre del ejercicio corriente "van a ser meras ejecuciones presupuestarias, o lo que es lo mismo, habrá dinero para pagar nóminas y los gastos corrientes pero nada de inversiones y nuevas aportaciones para atender las necesidades de los valencianos”.
Ibáñez resalta que la vicepresidenta ha pagado diez millones de euros en "enriquecimientos injustos" en materia de mayores, dependientes y políticas de Igualdad", unas "prácticas poco transparentes y contra las que antes hacía bandera". "Su Conselleria ha colapsado", ha asegurado.