Compromís reactiva la batalla de la obligatoriedad del valenciano

La décima legislatura de Les Corts Valencianes, la primera con tripartito en el Gobierno, tiene encima de la mesa una amplia cartera de asuntos, algunos muy polémicos que van a poner a prueba la solidez del Botànic 2. El parlamento valenciano dejó pendientes leyes o iniciativas con un componente identitario y de marcado tinte nacionalista como la Ley de Comarcalización o incluso la de la Función Pública, ya que incluye la obligatoriedad del valenciano para acceder a un puesto de trabajo.

Este último asunto, en manos de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, y concretamente de David Alfonso, director general de Función Pública, subsecretario de Mónica Oltra y ahora el único cargo de la formación Compromís en un departamento de mayoría socialista con Gabriela Bravo a a la cabeza, la batalla está servida.

La aplicación del requisito lingüístico reivindicada por Compromís, de momento, está "bloqueada" tal como se pretendía. El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC), después de formular varias observaciones esenciales al anteproyecto de Ley de la Función Pública Valenciana que le fue remitido por la Conselleria de Administraciones Públicas el pasado mes de febrero, poco antes de que finalizara la legislatura.

El Jurídic no puede ser más claro y presenta varias observaciones esenciales que aunque no tienen carácter vinculante, sí que advierten de que se puede estar vulnerando la legalidad y considera que el requisito se debe exigir proporcionalmente a las necesidades de cada puesto.

Sin embargo, tanto Escola Valenciana, entidad que cuenta con una apoyo económico importante del Gobierno valenciano, como el director General de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, han coincidido recientemente en que el requisito lingüístico exigido para acceder a la función pública debería estar ya porque "solucionaría gran parte del problema de discriminación a los valenciano-parlantes que se está produciendo últimamente, sobre todo, en la sanidad y entre las fuerzas de seguridad". De hecho, Escola Valenciana pidió hace pocos días la colaboración del Consell, en concreto de la Conselleria de Educación, para favorecer el uso del valenciano y "romper con la discriminación por razón de lengua", según Natxo Badenes, presidente de la entidad cívica.

Tanto Badenes como el vicepresidente de la entidad, Joan Cortés, mantuvieron una reunión con el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y la presidenta de la Cappepv (Coordinadora d’Alumnat, Pares, Mares i Professorat per l’Ensenyament Públic en Valencià), Laura Font, para trazar "vías de actuación conjunta y favorecer el respeto de los derechos lingüísticos", en un momento en que se han producido, según estas entidades, varios episodios de "discriminación" por el uso del valenciano. Con todo, los "incidentes"son cada vez menores año tras año.

Uno de los últimos registrados, en este caso en el ámbito sanitario, fue hace solo un par de semanas cuando trascendió que un sanitario de Urgencias de Sant Vicent del Raspeig contestó con un sonoro '¡Viva España!' a una mujer que le habló en valenciano para pedir una ambulancia, según denunció Plataforma per la Llengua.

Los interlocutores reconocen que esa discriminación también está apareciendo en sectores privados, sobre todo en hostelería y comercio, y aseguran que también es necesario regular ahí, con campañas de concienciación. Además, desde Escola se llama la atención sobre los partidos políticos que están "generando odio", o cuanto menos, "animadversión".

Populares y Ciudadanos mantienen que la lengua valenciana no debe ser un requisito excluyente para acceder a un empleo público y sí un "mérito ponderado». Además, resaltan que varias comarcas de la Comunitat son castellanohablantes.

El valenciano no ha de ser un requisito excluyente para obtener una plaza médica

Sin embargo, el colectivo médico, a través del sindicato Sindicato Medico de la Comunidad Valenciana CESM, ha comenzado a presionar al gobierno valenciano para que el conocimiento de la lengua valenciana no sea un requisito excluyente para obtener una plaza. La postura sindical es que el conocimiento de la lengua puede ser un mérito y servir para las oposiciones, pero no una exigencia excluyente.

El malestar de los médicos llegó tras unas declaraciones de la consejera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, quien en alusión a la futura Ley de Función Pública aclaró que la "exención" del conocimiento obligatorio de la lengua en el ámbito sanitario se aplicará si entra en colisión con el derecho a la salud. Es decir, que se recurrirá a profesionales que no tengan la capacitación, siempre y cuando no haya nadie con el conocimiento del valenciano acreditado.

Compromís pretende ir aún más allá y presiona para que el requisito se aplique sin distinción a todos los colectivos de la Administración pública. El texto normativo, como se ha dicho, ha sido sometido a examen de los organismos preceptivos, pero todavía no ha pasado por el Consell para su remisión a las Cortes Valencianas.

El Sindicato Médico exige "la exclusión completa e incondicional del personal sanitario de lo previsto sobre el uso del valenciano en el borrador de la Ley de Función Pública". Desde CESM se advirtió de que toda "agresión lingüística a nuestro colectivo, desde evidentes posiciones de intolerancia, será considerada en sus justos términos y dará lugar a las respuestas adecuadas".

Lo que hasta el momento parece claro es que el peaje nacionalista que tienen que pagar los socialistas en la Comunitat Valenciana pasa, pues, sobre todo por librar la lucha de la promoción de nuestra lengua cooficial.