Rato y Verdú sabían de las irregularidades contables de Bankia, según la fiscal

La Fiscalía Anticorrupción ha argumentado la ampliación de su acusación en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en la luz que han arrojado los testimonios de acusados, testigos y peritos a lo largo del procedimiento, que habrían probado que tanto el expresidente de la entidad Rodrigo Rato como el ex consejero delegado Francisco Verdú conocían la existencia de irregularidades en las cuentas de 2011, entre otros aspectos.

El pasado mes de julio, la Fiscalía elevó las penas que pedía inicialmente por delito de estafa a inversores y añadió el de falsedad contable por las cuentas de Bankia y BFA del ejercicio 2011. Este lunes, durante el inicio de la fase final del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), la fiscal Carmen Launa ha sostenido que los cambios en su acusación se han realizado con total transparencia y responden al principio de legalidad que exige la función del Ministerio Público.

La fiscal ha asegurado que todo lo que rodeó a la constitución de Bankia, la salida a Bolsa, la dimisión de Rato y la nacionalización del banco minó la credibilidad de la economía española y derivó en la mayor crisis financiera de la Historia.

"Esta situación devino en una especie de pesadilla que los distintos operadores financieros han querido hacer desaparecer, negando su existencia y responsabilidades incurridas, pero esta pesadilla sucedió, supuso un mal despertar para miles de españoles que tienen derecho a conocer lo que pasó y, además, a exigir las responsabilidades correspondientes para evitar que sucesos que provocaron el colapso económico y social de una época vuelvan a repetirse. Esto es lo que ha guiado la actuación de la Fiscalía", ha apostillado Launa.

La fiscal ha explicado que sus premisas iniciales han tenido que ser matizadas o reconsideradas después de que durante el procedimiento se hayan practicado nuevas pruebas y recogido testimonios que han aportado claridad a otras.

En concreto, ha incidido en los trabajos de PwC y AFI, pues aunque los documentos fueron aportados durante la fase de instrucción, la fiscal ha apuntado que no habían sido contrastados y valorados ante el plenario, para lo que interrogó a un elevado número de testigos y peritos sobre los niveles de cobertura.

Según ha defendido, los directivos Rato, José Luis Olivas y Manuel Fernández Norniella, con la "imprescindible" colaboración del director financiero y de riesgos Ildefonso Sánchez Barcoj, decidieron incluir en las cuentas anuales consolidadas de 2010 ajustes por puesta a valor razonable de 9.207 millones, mientras que la cifra debería haber ascendido a 14.966 millones de euros de cobertura sobre la base de los importes calculados por PwC, a lo que habría que sumar 663 millones por los ajustes correspondientes a Banco de Valencia, que tampoco fueron reconocidos.

"Esto habría supuesto la reducción del patrimonio de BFA, reconocer la sobrevaloración del coeficiente de solvencia Tier 1, la aportación de más capital para cumplir con el requisito del real decreto 2/2011 que provocó la salida a Bolsa y, probablemente, habría impedido la salida a Bolsa. Las cuentas se encontraban muy alejadas de su realidad patrimonial", ha sostenido la fiscal.

Launa también ha destacado la relevancia de la declaración de Ildefonso Sánchez Barcoj y de Ana María Martínez Pina y ha señalado que la valoración del trabajo del auditor externo se ha realizado "con un nuevo prisma", al entender que las nuevas pruebas aportadas "claramente estaban a su alcance en el momento de realizar su auditoría".

También han reforzado la valoración de la Fiscalía los correos remitidos por el auditor externo al comité de auditoría y cumplimiento y la declaración del auditor Francisco Celma, que arrojaron nueva luz a numerosos documentos de la causa y reforzaron la carga probatoria a los hechos imputados sobre las cuentas del 31 de diciembre de 2011 de Bankia y BFA y acreditaron el conocimiento de sus autores sobre la falsedad de las cuentas formuladas, según ha explicado Launa.

En cuanto a las intervenciones de los inspectores del Banco de España, la fiscal considera que han aportado "nuevos y abundantes matices que han enriquecido la prueba practicada en el plenario". De hecho, ha señalado que los responsables de los informes ya habían teniendo en consideración las "deficiencias" contables que el Ministerio Público considera "falsedades".

"Los correos introducen elementos probatorios muy importantes que han puesto de manifiesto la evidencia de la sobrevaloración de Bankia en su salida a Bolsa, de deterioros no contabilizados por 11.000 millones de euros y el grado de conocimiento de las irregularidades en las cuentas de 2011 por parte de Rodrigo Rato y Francisco Verdú, entre otras cuestiones", ha señalado Launa.

Por todo ello, el Ministerio Público ha sostenido que todas las cuestiones han sido acreditadas a lo largo del plenario y no en fase de instrucción, lo que le ha obligado a introducir matices importantes en su interpretación de determinados hechos en la elaboración de su escritor de conclusiones definitivo, en el que ha ampliado su acusación.

Sin vulneración del derecho de defensa

Cuando la Fiscalía anunció el pasado mes de julio la ampliación de su acusación, las defensas de algunos acusados, como fue el caso de la del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, alegaron que el Ministerio Público estaba vulnerando su derecho fundamental de defensa por la "modificación sustancial" de los hechos por los que acusaba de manera sorpresiva.

La fiscal Carmen Launa ha argumentado este lunes que dicha queja "carece de cualquier fundamento" y pretende la "pasividad" de la Fiscalía en hechos que han tenido trascendencia penal, lo que supondría "vulnerar la esencia" de su función como órgano constitucional.

De esta manera, Launa ha recurrido a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para concluir que la actuación de la Fiscalía al ampliar su acusación final ha sido acorde con el ejercicio de sus funciones constitucionales.

En concreto, la fiscal ha asegurado que la ampliación de los hechos no ha sido "sorpresiva", ya que algunas de las modificaciones fueron avanzadas como cuestión previa "en un alarde de transparencia" y otras han sido consecuencia de las pruebas desarrolladas en el plenario.

Además, ha destacado que el tribunal habilitó, sin oposición de la parte acusadora, el periodo preceptivo para responder a eventuales modificaciones en el periodo de conclusiones definitivas, lo que cada defensa utilizó como creyó conveniente. "No hubo vulneración del principio de defensa, sino que las garantías se han adecuado a lo exigido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional más allá de las peticiones que habían realizado las peticiones de las defensas", ha asegurado Launa.

Según ha señalado, en un principio algunas acusaciones sí veían un delito de falsedad contable, mientras que el tribunal consideró que, si bien dichas actuaciones habían sido el instrumento utilizado para ocultar el deterioro de los balances bancarios, no tenían trascendencia penal suficiente.

Sin embargo, teniendo en cuenta todas las conductas que han sido objeto de debate a lo largo de las 60 sesiones que se han celebrado tras la apertura del juicio oral, "se ha acreditado de forma contundente que tales actuaciones sí que son subsumibles de un delito de falsedad contable", ha sostenido la fiscal, por lo que finalmente ha decidido adherirse a lo expresado por las restantes partes acusatorias.

"No hay nada sorpresivo que no haya sido objeto de enjuiciamiento desde el primero momento", ha concluido.