La selva y el mercado negro de alquiler

A menudo las sociedades van mucho más rápido que las instituciones y que los legisladores, esos entes no tan abstractos que se dedican a crear las normas que regulan nuestras vidas. Sucede en multitud de ámbitos. Pensemos en los ritos y costumbre religiosas de hace cien años y en las de ahora. Seguramente sería impensable que, a día de hoy, un párroco diese misa de espaldas y en latín o que un hombre pudiese llevar un pendiente en la oreja, por decir algo.

Por suerte para todos las sociedades avanzan, y con ello también las normas. No obstante, en el camino quedan flecos y vacíos que, en muchas ocasiones, pueden ocasionar más de un desajuste y sensación de injusticia entre quienes los padecen. La ocupación, -sin K porque nada tiene que ver con el movimiento reivindicativo y alternativo surgido en Europa y EEUU durante el siglo pasado-, está generando más de un quebradero de cabeza a vecindarios, ayuntamientos y propietarios.

La escalada de los precios del alquiler, la falta de alternativa habitacional, la negativa a implementar en todo su esplendor la dación en pago para casos de imposibilidad de pago de hipotecas y una legislación no preparada ante este fenómeno está provocando la aparición de un mercado de la ocupación paralelo al oficial que está secuestrando pisos que pasan de manos de bancos, (en España se estima que tres de cada cuatro inmuebles ocupados ilegalmente son propiedad de entidades bancarias), a redes que los abren y ‘alquilan’ sin problema ni control alguno. Como los conquistadores europeos hicieron con América: este trozo de tierra me pertenece, ya veremos por cuanto tiempo. Es la selva.

Para atajar este fenómeno hay que conocerlo bien. No se trata, ni mucho menos, de englobar a todas las personas que, por diversas cuestiones, no puedan pagar el precio de un alquiler o de una hipoteca. Hay familias que se han visto obligadas a enfrentarse a no permanecer en su morada tras perder su empleo, y eso es terriblemente doloroso e injusto. Sin ayuda por parte de las instituciones, sin más apoyo que el que puntualmente se le pueda dar tanto desde instituciones públicas o caritativas.

Así no, y llegados a este punto es necesario revisar las políticas públicas de vivienda. Debatir, y mucho, sobre la regulación de los precios del alquiler; la persecución de la especulación; el fenómeno de la turistificación que comporta la expulsión de los vecindarios tradicionales de los barrios de las ciudades en favor de hoteles y pisos turísticos; y muy especialmente del acceso de los jóvenes a la vivienda, una asignatura ésta última pendiente todavía en España.

Es por ello que, si no se dan las políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda, y si no se dota jueces y cuerpos de seguridad de los mecanismos necesarios para solventar rápidamente la ocupación irregular, -la de la patada y puesta en alquiler de una vivienda de la que no se tiene la propiedad-, seguirán proliferando mercados negros del alquiler, empresas piratas de desocupación y frustración entre propietarios e inquilinos que sí siguen el sistema establecido.

La solución no es fácil, pero tampoco imposible. Es más necesario que nunca hablar de políticas públicas de vivienda para no seguir cultivando la selva. Tomen nota en el Congreso, pues la vivienda es un bien de primera necesidad y no podemos permitir que su regulación quede en manos de mafias, de guante blanco o de destornillador y empalme ilegal.