Puig retrasa los recortes en la precampaña mientras señala al Plan Edificant

En el meridiano de la pasada legislatura Conselleria de Educación presentó un cuantioso proyecto al que denominó Plan Edificant. Su objetivo consistía en acabar con los barracones construyendo centros educativos, y también en reformar colegios e institutos deteriorados.

Anunciaba una inversión hasta 2022 que rondaba los 700 millones, aunque las peticiones pueden superar los 1.000 millones. No obstante, la clave o la diferencia de este plan consistía en que delegaba, o endosaba, según lo entendiera cada cual, el trabajo en los ayuntamientos, responsables de todos los trámites y de la ejecución de obras. Una vez finalizadas estas, pasan la factura a Conselleria para que la asuma.

De esta forma Educación se daba más margen para acabar con los llamados barracones, una promesa electoral prioritaria en el Pacte del Botànic y que desde el Consell veían que no iban a poder cumplir en el plazo comprometido, en esta legislatura.

Con el Plan Edificant lanzaban la pelota a los ayuntamientos, una acción que, con el tiempo, sobre todo en la campaña electoral del pasado mes de abril y con miles de alumnos todavía en barracones, les permitía excusarse con el soniquete de "retrasos en la ejecución de las obras". Así la culpa, oficialmente, ya no recaída en Educación, sino, indirectamente, en consistorios o empresas adjudicatarias.

No obstante, centros como el emblemático CEIP 103, en Valencia, ha podido inaugurarse este curso, ya dentro del Pacte del Botànic II, con esa inversión, aunque otros, caso de Les Foies en Gandia, que ya lleva once años en barracones, u otro simbólico como Ciudad de Cremona, en Alaquàs, cuyas obras se paralizaron antes del verano y no han permitido que el centro empezara remodelado el curso, siguen con la misma precariedad.

En esta coyuntura, gran parte del dinero previsto para el Plan Edificant todavía no ha sido desembolsado por Conselleria de Educación. Ese hecho, unido a que se trate de una de las partidas más cuantiosas calculadas por el Consell para los próximos años y que el plazo de finalización de todo el plan resulte más laxo, provoca que desde presidencia lo estén mirando como el idóneo para meter tijeretazo y aplicar los recortes anticipados, que el president califica con el eufemismos de "ajustes".

En todo caso, no está previsto, en principio, que en el pleno de mañana del Consell se trate aplazamientos o demoras en este pago ni se aplique oficialmente recorte alguno. A sabiendas de la impopularidad de la medida y de que entramos en plena campaña electoral, el equipo de Puig prefiere retrasar la aplicación de esta decisión, prácticamente tomada, lo máximo posible.

Otros dos factores justifican esa demora: por un lado, que el recorte afectaría a uno de los llamados pilares del bienestar, como es la educación, cuando en las últimas semanas desde el ejecutivo autonómico han insistido en que no quitarán un euro de estas partidas. Por otro lado, restar dinero a Conselleria de Educación supondría generar un conflicto con Compromís, que la gestiona, en plena precampaña electoral y con el partido de Mónica Oltra y Vicent Marzà tratando de marcar perfil propio y reivindicativo.