La Ciudad de la Justicia de Valencia o "Esta casa es una ruina"

La Conselleria de Justicia va a abrir una investigación sobre el fallecimiento de un hombre este jueves en la Ciudad de la Justicia de Valencia, tras sufrir un infarto y no responder a las maniobras de reanimación, realizadas con un desfibrilador que marcaba bajo nivel de batería.

Así lo ha señalado el conseller de Obras Públicas, Arcadi España, quien ha ejercido como portavoz en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en ausencia de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de viaje institucional en China.

España ha explicado que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha transmitido en el pleno del Consell que va a abrir una investigación, sobre la que se dará "toda la información oportuna" conforme avance, "para saber qué ha pasado y tomar las medidas para garantizar que no vuelva a ocurrir un suceso así", ha dicho.

Pero es que el pasado día 8 de octubre un preso del centro penitenciario de Picassent aprovechó a su traslado a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde tenía que comparecer para un juicio por tráfico de drogas y circular sin carné de conducir, para protagonizar una peculiar fuga cuando se encontraba custodiado por agentes de la Policía Nacional en los calabozos del subsuelo de las dependencias judiciales.

Para rizar el rizo el 10 de septiembre de 2017 la ciudad de Valencia amaneció con la noticia del incendio declarado en la Ciudad de la Justicia de Valencia y el posterior cierre del edificio judicial obligó a suspender 2.500 juicios y vistas en órganos unipersonales, cifra a la que hay que sumar los 48 señalamientos suspendidos en la Audiencia Provincial.

Ante esta cadena de desafortunado incidentes, cabría preguntarse cómo es posible que un centro en el que se invirtieron 200 millones de euros para su construcción y que nacía para ser un referente de la modernidad en la gestión ha acabado convirtiéndose en un lugar donde en los últimos tiempos se producen errores e ineficiencias de forma desafortunadamente habitual.

Un complejo de 114.000 metros cuadrados por el que pasan más de 10.000 personas al día no puede adolecer de semejante falta de vigilancia y de medios de control. En el caso más reciente un error de mantenimiento no ha acabado con documentos traspapelados o fugas, sino, ni más ni menos que con un muerto en las dependencias.

No resulta descabellado pensar que la Conselleria de Justicia no debería circunscribirse a abrir una investigación para averiguar por qué un aparato instalado para salvar vidas no tiene batería, sino que debería realizar un análisis exhaustivo de todo el complejo y de su metodología de trabajo y mantenimiento, para evitar proporcionar noticias ajenas a los resultados de los juicios que allí se llevan a cabo.