El TSJ 'condena' a Oltra en su cruzada contra el centro de menores de Segorbe

La Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha fallado este mes a favor de la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia en el recurso contencioso-administrativo que interpusieron las religiosas el 22 de junio de 2017, contra la resolución de la Generalitat de trasladar todos los menores del Menores Nuestra Señora de la Resurrección, de Segorbe.

De esta manera tan contundente, los juzgados vuelven a poner en su sitio a la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien en mayo de 2017 acudía al parlamento valenciano para "desvelar" que tanto en un centro de menores de Monteolivete (València) como en el mencionado de Segorbe se han producido denuncias sobre casos de posibles abusos sexuales.

En su comparecencia en Les Corts, Oltra hizo una cronología de ambos centros hasta concluir su cierre y traslado y ha explicado que mientras en Monteolivete se advirtió un caso de abuso sexual de un grupo a una menor, en Segorbe se despidió a un tutor por suministrar droga y supuesto abuso sexual a una menor

Ni el apoyo de los vecinos (cerca de un millar de personas se manifestaron para apoyar la labor de las religiosas) ni la recogida de más de 7.000 firmas sirvieron para frenar el procedimiento abierto por la Generalitat.

Sin embargo, cinco meses después, la investigación abierta por la fiscalía de Castellón se cerró al no encontrarse «motivos para abrir diligencias de investigación penal». La justicia también absolvió al monitor acusado de un delito de acoso sexual al considerar que no existía prueba de cargo suficiente.

El fin de la actividad en La Resurrección también supuso que las religiosas, que llevaban la gestión desde hace tres décadas, iniciasen un ERE de los 17 trabajadores. Así pues, mientras Oltra ejercía de paladín de causas perdidas, 18 menores se quedan sin centro y 17 personas sin trabajo.

En este sentido, incluso la vicesecretaria regional del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Elena Bastidas, pide este mes de junio de al president de la Generalitat, Ximo Puig, que retire las competencias en materia de menores a la vicepresidenta, Mónica Oltra, así como la comparecencia en Cortes de la propia Oltra para explicar las consecuencias de la sentencia de una caso "que nunca existió".

Según la citada sentencia, de fecha 14 de este mes de octubre, la decisión de la Dirección General de Infancia y Adolescencia "no consta (ni se alega siquiera por la defensa de la Generalitat) que se formalizara previo procedimiento administrativo alguno; tampoco, por cierto de procedimiento incoado directamente ( o por orden superior) de la Dirección Territorial en Castellón".

También detalla que con la salida inmediata de todos los menores encomendados al Centro de acogida de Segorbe, se produce materialmente su cierre, sin ir precedido de actuación de la Conselleria mínimamente formalizada. Así, y según el Tribunal, "la salida de los menores por decisión unilateral de la Administración autonómica se produjo incurriendo en vía de hecho, en tanto que sin procedimiento previo y sin formalización siquiera de la decisión adoptada por el órgano competente".

En este sentido, el escrito judicial especifica que con esta actuación,"no solo se le privó a la parte actora de toda posibilidad de defensa, sino que tampoco colaboró la Conselleria con la institución autonómica que es el Sindic de Greuges, que en fecha 31 de junio de 2018, seguía sin recibir siquiera la documentación que requirió de la Administración en relación con el asunto que nos ocupa, véase escrito dirigido por las institución a la sra. Superiora de la Congregación"

La polémica decisión de Mónica Oltra, que la justicia está echando para atrás, ha llevado a algunas personas a expresarle a la consellera que debería “pedir perdón a las religiosas”, a lo que, según fuentes próximas al proceso, Oltra ha expresado que pedirá perdón “cuando haya sentencia firme”, algo que ya se ha producido.

Recorrido judicial

En 2017 la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, y también vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, acordó de modo urgente el cierre del Centro de Acogida de Menores “La Resurrección” de Segorbe (Castellón), gestionado por la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas, alegando que habían “tapado casos de abusos sexuales y graves deficiencias en el trato a los menores”, a lo que las religiosas reaccionaron expresando que estaban “estupefactas” ante semejante decisión y motivos, y así lo manifestaron en rueda de prensa nada más conocer la decisión, en mayo de 2017.

En el centro había 18 menores, con 17 trabajadores. El empleado denunciado por estas graves acusaciones fue absuelto con posterioridad, y ha emprendido acciones contra la propia consellera.

A su vez, las Hermanas Terciarias acudieron a los tribunales, y el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón les dio la razón, al decidir el desalojo de los menores y el cierre del centro de un modo “contrario a derecho e ilegal”: es decir, técnicamente la justicia ha declarado “nulo” el cierre.

El Centro de Acogida de Menores de Segorbe ha reabierto sus puertas hace cuatro meses, con 12 menores. Algunos de ellos residían allí hasta que Oltra decidió su cierre. pero la Consellería de Igualdad ha decidido que haya otro gestor, en vez de las Hermanas Terciarias Franciscana, y ha encomendado la gestión a la Fundación Amigó.