La política de menores del Consell en entredicho por el caso del ex de Oltra

El PP en Les Corts ha registrado este martes la petición de una comisión de investigación para "evaluar y controlar" la política de menores del Gobierno valenciano, tras la última sentencia que condena a cinco años de cárcel a un educador de un centro de acogida de València por abusar de una menor tutelada.

Los 'populares' quieren que tanto la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra (Compromís), como titular de las políticas de menores, como el 'president', Ximo Puig (PSPV), como "responsable último del Consell" expliquen "por qué la Abogacía de la Generalitat no se ha personado en este caso y sí en otros como el de Segorbe (Castellón)". En este último caso del centro castellonense, el educador acusado de abusos resultó absuelto por el juzgado.

Elena Bastidas, preguntada por si cree que Oltra tiene una responsabilidad especial en este caso dado que el condenado es su exmarido o por si debe dar explicaciones de por qué no se han tomado "medidas tan contundentes", ha avanzado que están "evaluando" una serie de datos sobre este proceso y que los harán públicos cuando los tengan.

Eso sí, ha criticado que la Abogacía no se haya personado en él, a diferencia de Segorbe, lamentando que "tengamos que despacharnos con una sentencia en un caso tan despreciable".

Así lo ha reclamado la vicesecretaria general del PPCV en declaraciones a los medios sobre la condena de la Audiencia de Valencia a cinco años de prisión a un educador de un centro de acogida de la capital valenciana por un delito continuado de abuso sexual a una menor tutelada por la Generalitat en determinados periodos de tiempo entre 2016 y 2017, cuando ella tenía 14 años.

La sala, que le impone la petición reclamada por el fiscal, le prohíbe acercarse a ella o a su domicilio a menos de 200 metros o comunicarse durante diez años. Igualmente, le impone la inhabilitación especial para la profesión u oficio que implique contacto con menores durante diez años, libertad vigilada durante cinco, con obligación de participar en cursos formativos de educación sexual, y una indemnización a la menor de 6.000 euros.

Sorpresa y 'shock'

Al respecto, la diputada del PP ha mostrado la "sorpresa monumental" y el "shock" de su partido porque "han pasado 24 horas y no se ha producido ninguna declaración del máximo responsable del Consell", Ximo Puig, al que le ha exigido que dé explicaciones antes de su viaje institucional a Londres y no salga "huyendo como siempre que hay una crisis".

La política de menores es "el gran talón de Aquiles" del Gobierno valenciano para el PPCV, ante "la sucesión de casos como los de Segorbe, Alicante, Llíria (Valencia), Monteolivete (Valencia), Nules (Castellón)".

"Es un desastre, más cuando afecta a un sector de la población especialmente vulnerable y sensible, que requiere una especial atención de sus gobernantes", ha recalcado la 'popular', recordando las 46 iniciativas presentadas por su partido en esta línea desde 2015.

Por todo ello, el PP quiere que la comisión de menores sirva para esclarecer "el conjunto de la política de menores, no solo esta sentencia", una cuestión "muy grave y preocupante que ha sacudido la opinión pública valenciana", con el objetivo de que "no vuelva a pasar en el futuro".

La respuesta de Oltra

Por su parte, la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha negado que exista una doble vara de medir tras la sentencia y ha negado asimismo que haya responsabilidades políticas porque se trata de la actuación individual.

Ha aclarado que la situación del centro de València es "completamente diferente" a la del de Segorbe, donde el centro pactó con el educador acusado también de abusos "despedirlo sin indemnización a cambio de no denunciarlo ni de informar ni a la Fiscalía ni a la Conselleria". Este empleado fue absuelto con posterioridad por un juzgado.

"Esto no tiene nada que ver con el centro de València, que sí que reacciona, pone en marcha el protocolo, abre una investigación y aparta al trabajador mientras tanto, y avisa a la Conselleria, que envía una persona para evaluar la situación", ha concretado Oltra, que ha apuntado que "ante el resultado de esta evaluación se decide que, en principio, no habrá más actuaciones".

Oltra ha señalado que cuando "Fiscalía y los servicios centrales de Conselleria, el órgano directivo, tienen conocimiento de estos hechos se deriva a la niña a la Fundación Espill, especializada en abusos sexuales, y el resultado es el mismo que en las dos intervenciones anteriores" y "luego ya está toda la parte judicial".

Del mismo modo, ha descartado responsabilidades políticas en este caso porque "las responsabilidades políticas se derivan de actuaciones políticas erróneas, no de actuaciones individuales como en este caso". Así, ha apuntado que ha habido "una condena por la actuación de una persona en un centro privado y la responsabilidad es de la persona que en este caso ha sido condenada".